La organización internacional instó al Presidente a presentar el proyecto de legalización y pidió que el Congreso lo apruebe. “Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”.
El informe de 86 páginas Human Rights Watch instó al presidente Alberto Fernández a “enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional que despenalice el aborto en todos los casos”.
El Gobierno de Argetina debe “garantizar el acceso al aborto seguro en diversos niveles de atención de la salud y, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” manifiesta.
A su vez, exige que el Fernandez “inste a los gobiernos provinciales de San Juan y Mendoza a que trabajen con sus legisladores para derogar las leyes vigentes que prohíben la venta de misoprostol en farmacias”
El documento de HRW tambiém analizar las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley de 2018 que habría legalizado el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.
Desde que se rechazó dicho proyecto “miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas”.
A su vez, propone que se “trabaje de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil en la redacción del proyecto de ley y solicitar el pleno apoyo de los legisladores de diversos partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil”.
En enero del 2020, HRW se reunió con el Ministro de Salud de Argentina y posteriormente realizó un pedido de información al personal del ministerio involucrado en la creación, implementación y supervisión del Protocolo Nacional.
En febrero la organización envió pedidos de información a la Secretaría de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y a la Procuración General de la Nación.
“En gran medida, las autoridades argentinas han fracasado en brindar información pública sobre el marco legal vigente; esto hace que las personas gestantes no puedan acceder información esencial sobre sus derechos y sobre la disponibilidad de los servicios de aborto” detallan.
En esta linea agregan que “la criminalización y la estigmatización empuja a recurrir a abortos inseguros y clandestinos”.
El informe de Human Rights Watch realizó más de 30 entrevistas a víctimas y familiares del aborto clandestino en el país.
“Muchas personas gestantes, sobre todo aquellas que viven en situación de pobreza o en zonas rurales, recurren al aborto autoinducido o solicitan la asistencia de profesionales de la salud que no están capacitados para proveerlo” resaltaron.
“Los abortos inseguros pueden causar problemas de salud a corto y largo plazo, e incluso la muerte” concluyen.
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