La niña Arcoiris de 6 años junto con su madre Delfina tuvieron que exiliarse de La Rioja luego de cuatro denuncias de abuso sexuales en las visitas parentales. Esto fue comprobado con relato de la niña y pruebas físicas que según sostienen desde la mesa de Justicia por Arcoiris “nunca obtuvieron ninguna medida cautelar”.
Sobre la madre protectora pesan 7 imputaciones “por es a la niña y obrar en función de sus necesidades y proteger a su hija de lo sufrido en las visitas parentales, para que no sea sometida a tortura nuevamente“, señalan desde la mesa.
Durante los años 2018 y 2019 Delfina Zarranz radicó dos denuncias ante el poder judicial de La Rioja en las que manifestó que su hija, de por entonces 2 años, había sido sometida a abuso sexual por parte de su abuelo paterno. Si bien, a causa de la primera denuncia las autoridades judiciales ordenaron una medida de restricción al abusador, por otra parte buscaron forzar la revinculación de la niña con la familia del agresor.
“Arcoiris” es el nombre ficticio para proteger la identidad de la nena que hoy tiene 6 años y que, a instancia de Cámara Gesell, pudo declarar en la causa y manifestar en 10 oportunidades su pedido de vivir con la madre lejos de su progenitor, además de haber dejado indicios suficientes que prueban el abuso sexual infantil.
Tanto Delfina como la Mesa de Justicia por Arcoiris, denunciaron que la medida de protección no solo fue violada por la familia del agresor, sino que además sufrieron un intento de secuestro en vía pública por parte del progenitor. La fiscal Nadia Schargrodsky pidió la prisión de Delfina Zarranz y la jueza Gisela Flamini la citó para ordenarle la entrega de la niña a la familia del progenitor.
Diferentes organizaciones sociales, feministas, organismos institucionales y más de 500 personalidades de diferentes ámbitos reclamaron que se respeten los derechos de “Arcoiris” y su madre, además de acompañar y brindar apoyo a la comunicadora Manuela Calvo, quien sufrió un allanamiento en su domicilio por darle difusión y seguimiento al caso.
A la compleja trama judicial se suma la cercanía del progenitor al poder judicial y político de La Rioja. En este sentido, Alejandra, integrante de la Mesa de Justicia por Arcoiris, sostuvo, en dialogo con FM La Tribu, que el progenitor tiene “influencias judiciales, políticas y económicas que tiene, porque también es una persona llegada al gobernador de la provincia y ha puesto todo el andamiaje del sistema judicial para generar una cacería y una criminalización de Delfina y Arcoiris y que hoy podemos ver como también se extiende hacia otras personas que la han estado acompañando como es el caso de la periodista Manuela Calvo cuya casa fue allanada y sus herramientas de trabajo requisadas, básicamente en una clara expresión de persecución”.
Las irregularidades judiciales solo agravaron la situación de la madre y la niña que desde hace 4 años deben protegerse de la violencia sexual y la institucional por parte del poder judicial.
“Por ese motivo es que nos animamos a caracterizar que lo que existe sobre las niñeses es terrorismo de Estado, que sus derechos son vulnerados sistemáticamente, que no son tratades como sujeto de derechos” y añadió Alejandra la existencia de un video en el que como “su progenitor la secuestra en la calle, atropellando a la abuela, generando un intento de femicidio, y esa causa está cajoneada. Eso hace el progenitor, toda su familia cómplice y el abuelo sobre la vida de la niña”.
a semana pasada finalmente quedó sin efecto la orden de búsqueda y detención de Delfina que había sido ordenada por “desobediencia a la autoridad”. Desde la Mesa de Justicia por Arcoiris, afirmaron que Delfina y su hija están a resguardo de las organizaciones que las acompañan pero exigen la presencia del Estado para garantizar de forma efectiva y a largo plazo el resguardo de sus derechos. A su vez, Alejandra afirmó que “no es un caso excepcional, es un caso testigo y quizás más crudo que otros”.
Tal como lo manifiesta la integrante de la Mesa de Justicia por Arcoiris, el uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) forma parte de las prácticas del sistema judicial para sostener la violencia contra las niñeces, la criminalización contra las madres protectoras y los feminismos.
“Es todo el andamiaje del Estado para forzar a una niñez de su adolescencia a que haga algo contra su voluntad y a que vuelva a estar en contacto con la persona que le abusa y le somete tortura”, concluyó Alejandra.
