Las organizaciones realizaron una presentación en el Poder Judicial de Tucumán para que se garanticen los derechos de la niña y que no se la obligue a llevar adelante una maternidad forzada.
Andhes y Cladem solicitaron a la la jueza de familia de la Quinta Nominación del Poder Judicial de Tucumán, Valeria Judith Brand, ordene al Estado que respete la voluntad de interrumpir el embarazo de una niña de 11 años violada y embarazada.
El escrito insta al poder judicial local a contemplar los estándares mínimos de protección de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes y observar los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que obligar a las niñas, jóvenes y mujeres a llevar a término un embarazo producto de una agresión sexual, viola de manera directa la integridad personal, social, sexual y existencial de las víctimas, así como los derechos a la autonomía reproductiva.
Además se recomienda, en primer lugar que se cumpla de forma urgente con el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Y se considere el derecho de la niña a ser escuchada y que su opinión sea tenida en cuenta ya que es de público conocimiento que ella ha manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de practicarse una ILE y que existe una negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña. El derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, es un valor fundamental y constituye uno de los cuatro principios que rigen en materia de niñez.
En segundo lugar se recomienda poner en funcionamiento el “Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia” ya que se ha tomado conocimiento de la no intervención del equipo interdisciplinario en este caso.
Las organizaciones se mostraron preocupadas ante la situación a la que fue expuesta la niña y las presiones actuales que está recibiendo respecto a continuar con el embarazo producto de una violación, en contra de sus deseos y manifestaciones, como así también el riesgo que corre la vida
de la niña al permitir el avance del embarazo en curso. “Entendemos que es fundamental que el Poder Judicial tome en cuenta las consideraciones desarrolladas y garantice la plena vigencia de los derechos de la niña”, expresaron.
Por último, las organizaciones exigen al Estado y al Poder Judicial que garanticen los derechos de la niña – a la salud, a la educación, a ser oída y que se tome en cuenta su opinión, a la vida – y que no se la obligue a llevar adelante una maternidad forzada.
Fuente: ANdhes
