La organización no gubernamental Andhes defiende el cupo laboral trans porque “busca disminuir las desigualdades y erradicar las violencias contra la comunidad trans” y rechaza los argumentos discriminatorios del legislador Bussi.
Autoritario, prepotente y discriminador. Esos fueron los calificativos usados por el legislador Ricardo Bussi de Fuerza Republicana para describir el proyecto de cupo laboral trans. La organización Andhes rechazó sus dichos ya “no solo alimentan y alientan el odio hacia la comunidad trans (“transodio”) sino que, además, demuestra un profundo desconocimiento por parte del legislador provincial de la realidad de profunda desigualdad y vulnerabilidad que sufren las personas travestis y trans en nuestra provincia”.
“El odio de Bussi contra todo aquello que no está normalizado le impide ver la necesidad de proteger a personas que vienen sufriendo violencias sistemáticas” argumenta en un comunicado la organización.
En tanto entiende que “las ideas del legislador reflejan a un sector de la población que reproduce estos argumentos como válidos por falta de información sobre una comunidad profundamente vulnerada. Es nuestro deber de informar e informarnos, y allí radica la base para lograr una sociedad menos desigual y más justa” .
“Desde Andhes promulgamos una ética de la justicia para que la sociedad priorice y sea especialmente solidaria con sectores históricamente vulnerados” agrega la ONG y concluye explicando que “el cupo laboral trans es una iniciativa reparadora destinada a transformar una realidad opresiva. Es deber del Estado generar políticas específicas y activas para disminuir las desigualdades y erradicar las violencias contra las personas travestis y trans”.
Los dichos de Bussi se desataron a partir de la presentación de un nuevo proyecto de cupo laboral para personas trans en la Legislatura de Tucumán. La iniciativa, redactada por el radical José Canelada y Federico Masso de Libres del Sur y con la firma de la oficialista Norma Reyes de Elías , establece que el Estado provincial y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos deban contar en su planta con al menos el 1% de ese colectivo.
El legislador de Fuerza Republicana ya fue denunciado por las organizaciones MuMaLá y Libres y Diverses ante el INADI por sus dichos discriminatorios de las personas trans.
