La ONG internacional se pronunció sobre el caso de la niña de 11 años que curzaba un embarazo forzado. Expresó que el Estado vulneró el derecho de la niña a su salud, autonomía, privacidad e intimidad, revictimizándola.
Amnistía Internacional repudió la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de Tucumán, sobre la niña de 11 años que curzaba un embarazo producto de una violación.
“La demora injustificada de acceso a la ILE vulneró el derecho de la niña a su salud, autonomía, privacidad e intimidad, revictimizándola”, expresaron desde la ONG.
En el caso niña aplicaba con claridad las causales de aborto legal, que establece el Código Penal en su artículo 86, por estar en riesgo su salud, y por que el embarazo era consecuencia de una violación.
La organización sostiene que “someter a una niña de 11 años, abusada, a dilaciones para el acceso a una interrupción del embarazo viola sus derechos humanos”.
Sobre las consecuencias de los embarazos a edad temprana, expresaron que trae aparejados riesgos a la salud de niñas y adolescentes, altas tasas de retraso y/o abandono escolar afectando negativamente sus trayectorias de vida.
“Desde Amnistía Internacional hace años reclamamos que se garantice el acceso a servicios de aborto seguro y de atención post-aborto para niñas y adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta”, expresaron.
Amnistía Internacional repudia la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de la Provincia de Tucumán. La demora injustificada de acceso a la ILE vulneró el derecho de la niña a su salud, autonomía, privacidad e intimidad, revictimizándola. pic.twitter.com/v98v6V9wbw
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) 27 de febrero de 2019
Manifestaciones en Tucumán
Desde el Colectivo Ni Una menos, que reúne más de 40 organizaciones feministas y sociales, convocaron esta mañana a una movilización en la puerta del SIPROSA, donde exigieron que los funcionarios implicados en la demora de la aplicación del Protocolo de Aborto No Punible sean investigados.
También exigieron la renuncia de la ministra de Salud, Rossana Chahla, y de Gustavo Vigliocco, Secretario Ejecutivo Médico del SIPROSA.
