Los abogados laboralistas de las distintas centrales obreras se encuentran analizando los alcances. El ojo estaría puesto en la flexibilización en la contratación y en el pago de indemnizaciones.
El gobierno adelantó un borrador sobre el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso, el cual comenzó a generar preocupación en los gremios y la CGT por la posibilidad de flexibilización de las condiciones de contratación y pago de indemnizaciones.
El lunes pasado, luego del discurso del presidente Mauricio Macri en el CCK, el borrador del proyecto fue girado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a la CGT y desde ese día está siendo analizado por los abogados laboralistas de las distintas centrales sindicales.
Se espera que la CGT acuerde una postura común en una reunión de “mesa chica” que se hará esta semana y en otra de Consejo Directivo que se hará la próxima, por lo cual no cumplirá el plazo de dar una respuesta al gobierno sobre la iniciativa antes del día de hoy, como había solicitado el ministro Triaca.
Los sectores gremiales más opositores a la gestión de Mauricio Macri ya salieron públicamente a rechazar la reforma laboral, entre ellos, Omar Plaini, el secretario general de Canillitas y el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli.
El proyecto incluye un blanqueo laboral para que las empresas regularicen a sus trabajadores “en negro”, con una amnistía para las contribuciones patronales no pagadas al menos durante los primeros seis meses.
El gobierno promueve así la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores; y a los trabajadores “blanqueados” se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria.
La reforma tributaria anunciada el martes por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, suma la reducción de las contribuciones patronales de 21 a 19,5% en forma gradual hasta llegar al nuevo piso en 2022.
El proyecto flexibiliza además el criterio de “ius variandi” que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado.
El gobierno buscará también habilitar la creación por convenios colectivos de “bancos de horas” que, en definitiva, pondrán límites a las horas extra bajo el argumento de dar mayor eficiencia a los tiempos de actividad.
Para los trabajadores se extenderán las licencias por paternidad de los actuales 2 días a 15 días para los hombres; por matrimonio pasará a 10 días; por muerte de cónyuge, padres o hijos, a 3 días, y de un hermano, a un día.
Además, se incorporará la posibilidad de negociar una jornada reducida para el cuidado de menores de 5 años.
Lo que genera ruido en los gremios, es que se propone una significativa reducción del cálculo indemnizatorio al excluir de la base salarial aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pagos no regulares.
Además, la actualización de los créditos laborales sometidos a juicios se hará mediante la variación del UVA (el utilizado para los créditos hipotecarios) y no más por la tasa del Banco Nación que utilizan los magistrados.
A su vez, la posibilidad de iniciar las correspondientes demandas judiciales, que actualmente prescribe a los dos años, caerá al término de un año.
