Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tucumán realizaron una presentación en el SIPROSA para solicitar información sobre la situación actual de abastecimiento de Mifepristona y Misoprostol del Sistema Provincial de Salud, para dar respuestas a mujeres y personas gestantes que solicitan el acceso a las interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la provincia.
En ese mismo documento, solicitan información “sobre los servicios en los cuales se garantiza este derecho y las partidas presupuestarias destinadas a la compra de dichos medicamentos en los últimos seis meses, así como una proyección de abastecimiento para los próximos seis meses”.
Esta solicitud surge como resultado de numerosas consultas y descargos que recibieron las organizaciones sobre dificultades para acceder a turnos y a la medicación que debe garantizar el sistema de salud.
“Desde agosto nos llegan consultas y denuncias de más de una persona gestante por día. Estas situaciones configuran un incumplimiento de la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo que establece en su Art. n°5 que la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento”, manifestaron en el documento.
Leé el comunicado completo
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tucumán y las organizaciones abajo firmantes estamos en alerta ante las numerosas denuncias de mujeres y personas gestantes por dificultades en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (IVE).
En los últimos meses se comunicaron con nosotras personas que manifiestan una serie de dilaciones ante un pedido de acceso a este derecho garantizado por la Ley 27,610. De acuerdo a lo que pudimos conocer, en algunos centros de salud se está informando que no hay medicación y se les facilita la receta para comprarla. En otros centros directamente no obtienen receta, ni respuestas. Estas situaciones configuran un incumplimiento de la ley IVE que establece que la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento, y esto incluye la medicación/métodos necesarios para hacerlo.
Ante estas denuncias nos dirigimos al Ministerio de Salud de Tucumán para solicitar información sobre la situación actual de abastecimiento de Mifepristona y Misoprostol para dar respuestas a mujeres y personas gestantes que solicitan el acceso a la IVE. También pedimos se nos informe sobre los servicios en los cuales se garantiza este derecho, las partidas presupuestarias destinadas a la compra de dichos medicamentos en los últimos seis meses y una proyección de abastecimiento para los próximos seis meses.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada por el Congreso a fines del año 2020 y promulgada el 14 de enero del 2021. En los tres primeros años de su implementación, unas 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud (según informaron desde el Ministerio Nacional de Salud). En ese período, disminuyó la mortalidad materna por aborto y los embarazos de niñas y adolescentes. Está comprobado que la IVE salva vidas y es una cuestión de salud pública.
El Gobierno Nacional de Javier Milei ataca reiteradamente a la salud pública y desmanteló las políticas que garantizaban el cumplimiento de la Ley Nº 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Esto afectó la provisión de medicamentos y métodos para garantizar este derecho. Actualmente, algunas provincias se quedaron sin los insumos enviados por la gestión nacional y usan fondos provinciales para continuar garantizando los derechos sexuales y reproductivos establecidos por ley.
Nos mantenemos en alerta ante la gravedad de las denuncias recibidas respecto al incumplimiento de la ley y las posibles consecuencias que esto podría acarrear. El Estado Nacional y provincial deben garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva en condiciones de igualdad y no discriminación en todo el territorio. Y el gobierno provincial debe dar respuestas a todas las personas gestantes que solicitan una interrupción del embarazo, sin dilaciones ni obstaculizaciones.
Sin insumos no hay aborto legal
Sin aborto legal, no hay ni una menos
