Las organizaciones sociales nucleadas en el “Ni Una Menos Tucumán” denunciaron al Estado y al gobernador Juan Manzur como responsables de la escalada de violencia de géneros durante la pandemia, que se cobró dos vidas en estos últimos días. Dos niñas pequeñas, ambas llamadas Abigail en una cruel jugada del destino, fueron abusadas y asesinadas.
La cuarentena preventiva obligatoria nos puso a las mujeres e identidades disidentes en una situación de vulnerabilidad extrema: encerrades, soles y con un Estado abocado al control social, quedamos a merced de las violencias más atroces. Durante estos meses, muchas organizaciones vienen denunciando la desidia en algunas provincias. Jujuy es, por ejemplo, un caso paradigmático con 4 femicidios y múltiples casos de violencias extremas. Ahora, Tucumán vuelve a la escena luego de que, en los últimos días, dos niñas fueran halladas asesinadas y brutalmente abusadas.
Abigail Riquel tenía 9 años. Desapareció el domingo 18 de octubre por la mañana en la localidad tucumana de Villa Muñecas. La familia denunció su desaparición en la Comisaría 12 de la zona, pero les dijeron que debían pasar 24 horas desde el hecho para poder tomársela. Luego, indicaron que no tenían móviles disponibles para la búsqueda. Finalmente, Abigail fue hallada con signos de abuso sexual cerca de las 17 horas por vecines organizades que estaban rastrillando el área. Inmediatamente, les vecines y la familia cortaron la ruta reclamando y haciendo responsable al Estado por la inacción, y fueron reprimides violentamente por la policía. Para eso, sí encontraron, rápidamente, móviles disponibles.
Ese mismo día, Abigail Luna, de 2 años, llegó en brazos de su madre, ya sin vida, al CAPS de la zona de San Cayetano. Fue asesinada a golpes, según denunció su madre, por su padrastro.
El Estado es responsable
Desde Ni Una Menos Tucumán, denunciaron que “nuestra provincia es la tercera con mayor cantidad de femicidios y transfemicidios de todo el país: en lo que va de 2020, ya llegamos a 16 casos”. Afirman que el Estado es responsable, “es un Estado machista que avala abusadores y acosadores, no toma medidas efectivas para la prevención, no destina presupuesto suficiente para los dispositivos de atención y promueve, mediante sus posicionamientos y políticas, el menosprecio por la vida de las niñas, mujeres y LGBTIQ+”.
La reclusión obligatoria puso a las mujeres y disidencias en riesgo vital, como lo demuestra el creciente número de denuncias por violencia de géneros en todo el país. La línea 144 tuvo un incremento de denuncias del 25% desde marzo de este año. Entre marzo y junio, el número escaló hasta un 48% más de denuncias que el mismo período del año anterior. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se inició una campaña muy fuerte para que se conozcan los números de emergencia y los derechos de quienes sufren violencias.
Muchas provincias, como Córdoba, también lanzaron sus propias líneas, como el 0800 888 9898 para quienes no pueden trasladarse a hacer denuncias. Ninguna de estas medidas pudo paliar la gravedad de las violencias y el incremento de situaciones de vulnerabilidad, pero hay algunas otras provincias que no tuvieron ningún tipo de política frente a la “otra pandemia” denunciada por las organizaciones feministas.
Marcela Lagarde, antropóloga e investigadora mexicana, propuso, en 1994, la categoría de feminicidio, para destacar que los femicidios no son sólo asesinatos a mujeres e identidades disidentes considerades como desechables y maltratables, sino que involucra además al Estado y sus instituciones, cuando estos no dan garantías ni condiciones de seguridad en sus casas, omiten o son negligentes en sus políticas de cuidado de la vida, o reproducen estructuras patriarcales que perpetúan estos crímenes. En el caso de Tucumán, las organizaciones feministas vienen denunciando desde hace tiempo cómo el Estado no ha aplicado ninguna política de cuidado de las mujeres y, más aún, cómo ha reproducido discursos de odio y crueldad hacia ellas.
Desde el ex gobernador José Alperovich, denunciado por abuso sexual, hasta la no existencia de protocolo para la interrupción legal del embarazo, Tucumán parece ser una de las provincias más conservadoras del país y no hay indicios de que esto cambie en el corto plazo. Juan Manzur, el actual gobernador, aprobó con retraso de años la Ley de Emergencia en Violencia de Género 8.981, la Ley Micaela y otras que protegen y aseguran el cuidado de quienes sufren violencias. Pero no ha garantizado, según Ni Una Menos Tucumán, presupuesto acorde para que alguna de estas leyes se cumpla.
Dos niñas más nos faltan hoy, víctimas de la violencia machista, en una provincia que no se hace eco de la emergencia en violencias. Gritamos que el Estado es responsable, que, en Tucumán, el feminicidio es moneda corriente. ¡Ni Una menos! ¡Vivas y libres nos queremos!
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La Nota Tucumán.
