La Cámara de Diputados abrió este miércoles 25 de marzo la primera audiencia pública federal para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada previamente por el Senado. La jornada inicial será presencial y contará con 200 oradores, mientras que el jueves se sumarán otros 200 en una instancia remota.

Sin embargo, el esquema definido por el oficialismo —en un contexto de más de 100 mil personas inscriptas— limita la participación a unos 400 expositores. El resto deberá intervenir mediante el envío de escritos o videos a través de una plataforma digital, una modalidad que se aparta del funcionamiento tradicional de las audiencias públicas y que, según distintas voces, restringe el debate abierto.

En ese marco, un grupo de diputadas y diputados nacionales presentó una impugnación formal contra la convocatoria. Entre quienes firmaron el planteo se encuentran Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

El escrito advierte que la audiencia carece de validez por “graves irregularidades” en su organización. Según sostienen, estas condiciones limitan de manera indebida la participación ciudadana y vulneran tanto el Reglamento de la Cámara como la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Además, señalan que el mecanismo propuesto contradice compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

De qué se trata la reforma a la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares que ya obtuvo media sanción en el Senado introduce cambios profundos en el esquema de protección ambiental vigente desde hace más de una década. El proyecto propone redefinir qué se considera un área protegida: ya no se trataría de resguardar de forma amplia a todos los glaciares y zonas periglaciares, sino únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica relevante y comprobable”. En la práctica, esto reduce el alcance de la ley y deja zonas de alta montaña fuera del paraguas de protección.

En esa misma línea, la iniciativa flexibiliza las restricciones sobre el ambiente periglacial —clave para la regulación del agua en regiones cordilleranas— y habilita un cambio de enfoque: se pasa de un sistema preventivo, basado en prohibiciones por ubicación, a otro que evalúa caso por caso. Así, actividades como la minería podrían avanzar en áreas antes vedadas, siempre que las empresas logren demostrar que no generan un impacto “significativo”.

Otro de los puntos centrales es el corrimiento de responsabilidades hacia las provincias, que pasarían a tener mayor poder para definir qué territorios proteger y cuáles habilitar para actividades productivas. Para el oficialismo, se trata de una forma de “ordenar” la normativa y facilitar inversiones. Para organizaciones ambientales y sectores científicos, en cambio, implica un retroceso que debilita la protección de reservas estratégicas de agua.

El proyecto fue aprobado en el Senado por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, en un debate atravesado por fuertes cuestionamientos. Con esa media sanción, la discusión se trasladó a la Cámara de Diputados, donde el tratamiento ya comenzó en medio de críticas por las condiciones de participación en la audiencia pública.