La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) enviaron una carta al vicegobernador solicitando que asegure un debate abierto, robusto y participativo para la discusión de la ley de Presupuesto para el ejercicio 2024.
Por Florencia Vallino, Directora Ejecutiva de ANDHES
La discusión presupuestaria es uno de los momentos más relevantes del sistema institucional. El presupuesto público es la hoja de ruta a través de la cual el Estado Provincial decide cómo recaudar y distribuir los recursos públicos, y permite conocer las prioridades y compromisos del gobierno provincial con la garantía de los derechos.
A través de este instrumento, el Estado puede garantizar una prestación eficaz, adecuada y suficiente de los servicios y bienes públicos necesarios para que todas las personas accedan a derechos básicos como la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, entre otros.
Sin embargo, en la Provincia de Tucumán no existen instancias participativas para que la población pueda incidir en la toma de decisiones respecto al destino de los fondos que serán utilizados para asegurar sus derechos. A su vez, tampoco existe información suficiente para poder saber cuánto se destina a cada programa, en qué será gastado, y cuánto efectivamente termina gastando el Estado. En consecuencia, resulta imposible para la ciudadanía controlar las asignaciones presupuestarias, así como las posteriores modificaciones a las mismas.
Por esta razón, desde ACIJ y ANDHES solicitamos al Poder Legislativo de la Provincia que instrumente los mecanismos necesarios para que exista un espacio de participación efectiva de la ciudadanía en relación al presupuesto, particularmente de las poblaciones tradicionalmente excluidas. Asimismo, solicitamos que publique en formatos abiertos y reutilizables la información correspondiente a las planillas anexas al proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo.
La transparencia presupuestaria y la fortaleza de los mecanismos de control y de participación ciudadana en el ciclo presupuestario son herramientas fundamentales para exigir políticas públicas eficientes e igualitarias. Es necesario que la Provincia asegure los medios para que los derechos reconocidos en su Constitución puedan ser efectivamente ejercidos
