El gobierno que utilizó a la libertad como bandera durante su campaña política, restringió a través de un decreto el acceso de la ciudadanía a la información pública. Excediendo sus facultades constitucionales, el Poder Ejecutivo introdujo en el decreto reglamentario de la Ley 27.275 disposiciones que retroceden en la garantía del derecho de acceso a la información pública.
El 2 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 780/2024 firmado por Javier Milei y Guillermos Francos, que pretende reglamentar la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y establece una serie de restricciones para la ejecución de este derecho, que fueron blanco de críticas por parte de especialistas.
La Ley 27.275 que garantiza el acceso a la información pública para toda la ciudadanía se aprobó en 2016. La normativa obliga a la Administración Pública Nacional, tanto a la central como a los organismos descentralizados, a responder las solicitudes de acceso que reciben. Cabe mencionar que Tucumán es una de las pocas provincias que no cuenta con una ley de acceso a la información pública ni adhirió a la ley nacional.
Desde la Asociación Civil por a Igualdad y la Justicia, que viene trabajando sobre la temática e impulsan en la provincia de Tucumán la adhesión a la norma, publicación un documento con la modificaciones que consideran más preocupantes sobre los límites planteados por el gobierno nacional:
- La incorporación del instituto de la mala fe y el abuso del derecho en el ejercicio del derecho de acceso a la información, al prever la posibilidad de que una persona solicitante de información pueda ser sancionada si el funcionario o funcionaria que recibe el pedido considera que actuó de forma abusiva, sin dar parámetro alguno sobre cuándo se configuraría tal abuso. Debe tenerse presente que la Ley 27.275 dispone expresamente que el principio de buena fe, que este decreto pretende reglamentar, se dirige a los sujetos obligados procurando que estos actúen con lealtad y diligencia en la entrega de la información, y no a las personas solicitantes.
- La disposición que permite no entregar información cuando su conocimiento público, difusión o divulgación pueda, directa o indirectamente, causar daños y perjuicios, incluso cuando este no es un supuesto previsto por la ley. La vaguedad de esta expresión y la cantidad de casos que podrían entenderse comprendidos en ella otorga un margen de discrecionalidad inadmisible y un retroceso grave en relación con los estándares aplicables en la materia.
- La creación de la categoría de “datos de naturaleza privada”, que quedará excluida del sistema de publicidad instaurado por la ley, sin ninguna claridad sobre qué se considerará incluido dentro de ella. La Ley 27.275 parte de la idea de que toda la información en poder de los sujetos obligados es pública, salvo que se configure alguno de los supuestos de excepción, y para el caso de que se hallen comprometidos, por ejemplo, datos personales, la ley prevé el recurso al sistema de tachas.
- La eliminación de la disposición que obligaba a entregar la información que contuviera datos personales si el daño causado al interés protegido fuera menor al interés público en obtenerla. En ciertos casos, el interés público en conocer determinada información puede ser superior a la afectación del derecho a la privacidad, lo que sucedería, por ejemplo, con la información relativa a personas beneficiarias de ciertos beneficios estatales, como exenciones impositivas.
Además, desde la institución señalan que “este retroceso se proyecta sobre un derecho neurálgico para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática. El acceso a la información permite a la ciudadanía conocer las decisiones y acciones de las autoridades, lo que contribuye a la vigilancia ciudadana y al control del poder”.
Acij no fue la única organización que cuestinó y rechazó este retroceso en materia de acceso a información pública. Se suma FOPEA, CIPPEC, CELS y más de 600 organizaciones de todo el país.
👉Más de 60 organizaciones pedimos que se deje sin efecto el decreto que limita el acceso a la información pública y vuelve al Estado más opaco.
— CELS (@CELS_Argentina) September 3, 2024
La decisión del Gobierno es antidemocrática y va en contra de todos los estándares internacionales de derechos humanos. pic.twitter.com/yPnrCWuCir
¿Qué busca ocultar el gobierno de Javier Milei?
En una publicación de Chequeado, enumeraron una serie de pedidos de acceso a la información pública que durante el gobierno de Milei fueron la herramienta mediante la cual salieron a la luz algunas estadísticas, datos públicos y hechos que hasta entonces no se conocían.
Los ingresos a la Quinta de Olivos
Desde que Milei se mudó a la Residencia Presidencial de Olivos, diversos medios han publicado notas, con documentos surgidos de pedidos de acceso a la información pública, en las que se analizaron los registros de ingresos a la Quinta de Olivos.
Chequeado fue uno de ellos. Accedió a los registros de ingreso a la residencia presidencial en los primeros 5 meses de estadía de Milei en la Quinta de Olivos (enero-mayo). Hasta ese momento, los datos oficiales revelaban que Federico Sturzenegger, hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado pero en ese entonces asesor presidencial, fue quien más veces ingresó a Olivos.
También Clarín y El Destape publicaron notas en distintas instancias de la gestión surgidas de pedidos de acceso sobre los registros de visitas de la Quinta presidencial.
Los alimentos guardados en depósitos del Ministerio de Capital Humano
A fines de mayo, El Destape informó que el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, tenía 5 millones de kilos de alimentos guardados en 2 depósitos ubicados en Villa Martelli (Vicente López, Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). Los datos también surgieron de un pedido de acceso a la información pública y revelaban que algunos de estos alimentos estaban próximos a vencer.
La publicación de esta información provocó un impacto político y judicial. Desde el punto de vista político, el caso derivó en el desplazamiento de Pablo De la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Por otro lado, el juez federal Sebastián Casanello le ordenó a Capital Humano que informe el stock de alimentos disponibles en ambos depósitos y que presente un plan de distribución.
Los viajes de Javier Milei y el dinero gastado en sus vuelos
Desde el comienzo de la gestión, Chequeado ha hecho un seguimiento de los viajes al exterior realizados por el Presidente. En total, Milei realizó 13 viajes, de los cuales 5 fueron para fines partidarios o personales, como asistir a conferencias o recibir premios individuales.
A través de un pedido de acceso a la información pública, este medio informó que en los primeros 11 viajes se gastaron US$ 1.185.542 en vuelos presidenciales, de los cuales el 27% (US$ 321.125) fue destinado a vuelos de Milei para asistir a actos de la Conferencia Política de Acción Conservadora o reconocimientos.
Las jubilaciones para ex presidentes
Milei presentó ante ANSES su renuncia a cobrar a futuro la asignación mensual vitalicia para ex presidentes y vicepresidentes. En paralelo, la Cámara de Diputados de la Nación había votado en contra de la eliminación de este régimen especial.
Chequeado realizó un pedido de acceso a la información pública para saber quiénes son los ex presidentes, vicepresidentes o familiares que perciben este beneficio y cuánto cobra cada uno.
En mayo último el Estado pagó 14 jubilaciones de privilegio a 13 personas. De ese grupo, el haber más alto es el de Cristina Fernández de Kirchner: su jubilación y la pensión de Néstor Kirchner totalizan $ 21,6 millones ($ 12,2 millones de bolsillo). Le siguen Alberto Fernández con $ 10,8 millones ($ 6,7 millones de bolsillo); Mauricio Macri, con $ 10,3 millones ($ 5 millones de bolsillo); Adolfo Rodríguez Saá, con $ 9,9 millones ($ 4,9 millones netos) y Zulema Yoma (como viuda de Carlos Menem), con $ 8,5 millones ($ 3,7 millones de bolsillo).
Pedido de informes sobre el presunto envío de oro al exterior
A mediados de julio, el diputado nacional y líder del Sindicato de Bancarios, Sergio Palazzo (Unión por la Patria), presentó un pedido de informes para que el Banco Central explicara si envió lingotes de oro al exterior y, en caso de ser así, en qué condiciones y con qué objetivos lo hizo, entre varios otros detalles. En ese contexto, pese a no haber respuesta formal de la entidad monetario, el ministro de Economía Luis Caputo respaldo la decisión.
Esta semana el Banco Central informó en un comunicado que “completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas” y explicó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
Por último, cuestionó la “difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos” y destacó que la información sobre la administración de reservas “ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad”.
