A tres años del caso Lucía, una historia similar vuelve a repetirse en Tucumán. Una niña de 10 años fue víctima de un embarazo forzado producto de abusos sexuales en el lugar donde vivía. El acusado por el hecho sería pareja de su madre adoptiva y se encuentra prófugo.
Isolina es madre adoptiva de LA (nombre ficticio de la niña) y quien realizó la denuncia en la comisaría de Lastenia, donde ocurrió el hecho. La misma declaró que hace un mes notó el crecimiento del vientre de la pequeña y el lunes pasado le realizó un test que comprobó el embarazo. Por su parte Carmen, la madre biológica de la menor, pone en duda esta versión: afirma que Isolina es encubridora de los abusos de su pareja, Carlos Alberto Merlos.
Por una compleja situación familiar, Carmen confió a la niña a su vecina Isolina para que ayudara a cuidarla. Pasaron meses y la cuidadora no quiso “devolverla” por lo que la madre biológica reclamó ante la Justicia. Ganó la tenencia pero “como no tenía una habitación para tenerla, la menor no fue restituida”.
Desde ese momento, Carmen, que es madre de siete hijos y no tiene una fuente de ingresos, lucha porque LA sea restituida a su familia aunque la niña no tenga una habitación propia.
“Todo el barrio sabía que la chiquita estaba embarazada pero ella (Isolina) decía que era gordura. Cuando supuestamente se entera de que estaba embarazada, no me cuenta a mi. Para mi ella sabe hace meses”, asegura a este medio Carmen.
El letrado Patricio Char se constituyó abogado de Carmen para alertar a la Justicia sobre los riesgos que corre LA volviendo a la casa donde sufrió esos abusos. Además apuntan a que “existe complicidad por parte de Isolina en la situación de abuso” y manifiesta que: “Carmen está desesperada porque le dijeron que la menor iba a volver a vivir con Isolina”.
Para Char, todo estaba planeado por Isolina y Merlos. Él vendió su casa en 24hs para fugarse, lo que habilitó que la madre adoptiva hiciera la denuncia y así llevar a LA al sistema de Salud.
“Quiero justicia y que caigan todos los responsables”
“Yo quiero que encuentren al violador y que me den a mi niña o que le den a algún familiar pero no quiero que vuelva a esa casa donde fue abusada. Solo quiero justicia y que caigan todos los responsables”, manifiesta Carmen, quien se encuentra en la casa de una vecina que la está acompañando en este momento y le proporciona un celular para que pueda hablar con los medios.
A Carmen le dan poca información sobre el estado de LA. La mujer la visitó ayer en la Maternidad, minutos antes de la intervención. También pudo hablar con la psicóloga sobre la situación traumática a la que fue sometida la niña.
Según información oficial, a la menor se aplicaron los protocolos de la Interrupción Legal del Embarazo pero tuvieron que realizarle una cesárea por el periodo de gestación que transitaba, que era de siete meses, y que provocó que naciera una criatura que será entregada a la Casa Cuna. El Siprosa entró en contacto con el caso recién el lunes 4 de enero.
El fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, solicitó una orden de captura a nivel internacional contra el fugitivo de 54 años, pero hasta la fecha no se dio con su paradero.
Embarazos forzados de niñas y responsabilidad del estado
Luego del caso Lucía en 2019 – la niña que fue abusada por su abuelastro y quedó embarazada en la localidad 7 de abril- la Justicia ordenó al Estado provincial un “relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes”, “campañas de educación y concientización” y “protocolos de prevención, educación y de recepción de denuncias, en toda la provincia”. Sin embargo, Tucumán no cumplió con ninguno de estos pedidos.
El caso de Lucía llegó hasta la Corte Interamericana por los Derechos Humanos, que se pronunció por la preocupante situación de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en la provincia.
Estas situaciones deben resolverse desde un enfoque de derecho, ya que es un problema de salud pública, manifestó en su momento la CIDH. La comisionada Margarette May Macaulay planteó que “las niñas son niñas y se les debería permitir ser niñas durante su infancia y no forzarlas a asumir cargas y responsabilidades de adultos”.
“El Estado debe tener un sistema de protección integral para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que requiere de una articulación interinstitucional, que se cumpla en todo el territorio del país para que se cumplan esos derechos sin discriminación”, concluyó.
En la Argentina, cada hora, hay diez partos de niñas entre 10 y 19 años, de acuerdo con estadísticas oficiales.
A tres años de Lucía, la historia vuelve a repetirse con LA. Un contexto vulnerable y un Estado ausente previo al abuso fueron necesarios para que a LA se le nieguen derechos, incluso en contextos “más amigables” a un año de ser sancionada la Interrupción Voluntaria del Embarazo que conlleva campañas de educación sexual, prevención del embarazo y acceso a este derecho.
