Aborto legal: ¿Cómo se implementa la IVE en Tucumán?

Profesionales de la salud dieron detalles sobre como se implementa la ley que 27.610, que entró en vigencia el 24 de enero. Desafíos, avances y horizontes.

El 24 de enero de este año entró en vigencia la Ley 27.610 que establece la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta normativa cerró un largo capítulo en el acceso a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Ahora, la lupa se posa sobre cómo se implementará la ley en una provincia como Tucumán que demostró grandes resistencias incluso a la hora de garantizar los abortos no punibles.

Desde La Nota nos comunicamos con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir para conocer de cerca cómo se está trabajando en el Sistema de Salud a partir de este nuevo marco normativo. Hablamos con Lorena Córdoba, trabajadora del Hospital del Este, y con Milagros Argañaraz, psicóloga. 

Cómo solicitar un aborto en Tucumán

Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir detallaron de qué manera las usuarias pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Si bien no hay ninguna comunicación institucional al respecto, fuentes cercanas al Ministerio de Salud aseguran que se están capacitando a efectores y efectoras de salud de los diferentes niveles de atención.

La línea del Programa de Salud Sexual 0800 2223444 es una de las principales vías de acceso que actualmente están funcionando. Atiende de lunes a viernes de 9 a 21 hs, y sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs. Allí se reciben diferentes demandas sobre derechos sexuales y reproductivos, incluida la IVE.

A partir de esa llamada telefónica, la persona es derivada a la provincia correspondiente a través de un mail que llega a cada jurisdicción con toda la información de la persona solicitante. El programa provincial tiene la tarea de comunicarse, realizar una pre consejería telefónica, saber de dónde es la persona, de cuántas semanas está y derivar de acuerdo al lugar donde vive.

“Este primer acercamiento no debe demorar, ya que todo el procedimiento no puede tardar más de 10 días, entre que la persona se contacta y accede finalmente a la prestación, de acuerdo a la ley”, explicó Lorena Córdoba.

Desde la Red confirman que hay efectores en toda la provincia, incluidas las maternidades, que garantizan la práctica. El primer nivel de atención está trabajando hasta la semana 14 y es ambulatorio. A partir de la semana 15, la provincia se rige por el protocolo nacional y se trabaja en las maternidades.

Por otro lado, cualquier persona puede solicitar un aborto en cualquier centro asistencial de salud, sea un CAPS, un hospital o una maternidad. En el caso que ese centro de salud no tenga un o una profesional que garantice esta práctica legal de salud, se debe derivar al efector más cercano, conforme a la normativa vigente.

Sobre las capacitaciones, desde la Red contaron que, desde que se promulgó la ley, se está capacitando y recapacitando a médicas y médicos que ya garantizaban el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en la provincia. 

“También se está capacitando a los directores de áreas operativas y programáticas para que puedan bajar la información a sus centros efectores de nivel primario y secundario y de ahí poder derivar. Toda esta información la deben manejar los jefes para poder derivar en caso de demanda espontánea”, señaló Córdoba.

Sobre los plazos

El Sistema de Salud, tanto en el sector público como privado, debe garantizar el acceso a la prestación en un plazo de 10 días desde la solicitud. Es necesario un registro de la consulta en la que la persona pide la IVE, por lo que expresamente deben solicitarlo y pedir que conste en la historia clínica.

Sobre las consejerías pre y post aborto

“Se trata de un espacio de intercambio en dónde de manera exhaustiva el equipo de salud y la paciente indagan sobre las condiciones de salud en las que se realizará el aborto (antecedentes gineco-obstetrico y salud en general, situación socio-habitacional, red afectiva de contención, necesidades específicas”, explicó Córdoba.

Allí se explica el procedimiento, riesgos y pautas de alarma. Además, se trabaja en las causas y razones por las que se produjo la gestación y se planifica el método anticonceptivo más adecuado para esa persona que será indicado en el control postaborto.

La ecografía no es un requisito indispensable, pero es una prueba diagnóstica necesaria para la mejor atención de las personas. La persona puede solicitar no escuchar lo latidos vitales ni ver las imágenes en pantalla, para evitar la tratos crueles o inhumanos. “A puertas cerradas de un consultorio se ponen en juego el conocimiento y la perspectiva de salud que cada profesional tiene y en ese sentido eso opera en una relación asimétrica de poder, por eso existe la violencia obstétrica, por ejemplo, hacer oír sonidos o ver imágenes a una paciente que no lo desea. Existen las formas aprendidas, las actualizaciones acordes a derechos y también la violencia. Pero no solo pasa en la ecografía sino en todo el proceso de atención de un embarazo, sea deseado o no”, agregó la integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Consentimiento informado

La ley estableció la obligatoriedad de la firma del consentimiento informado. Se trata de un instrumento legal en la que la persona deja constancia que pidió la Interrupción del embarazo dentro del marco permitido por la ley de manera autónoma, que se le explicó los procedimientos mediante los cuales se realizará el mismo, los riesgos que existen y firma dejando constancia que entendió, pudo realizar las preguntas que quiso y les fueron respondidas.

Es confidencial, como toda la historia clínica e información que se brinde en la consulta.

Sobre los métodos

En la gran mayoría de los casos se usa el aborto medicamentoso con misoprostol, y hasta la semana 14 de gestación el procedimiento es ambulatorio. Luego de la consejería, la persona recibe 12 pastillas de la droga, junto a las indicaciones correspondientes de aplicación y síntomas a los que debe estar atenta.

En algunos lugares, también está disponible la opción del tratamiento instrumental AMEU (Aspiración Manual Endouterina). “El gran debate hoy, es cómo se masifica la prestación de AMEU tanto en primer nivel como en segundo nivel de atención”, señala Córdoba.

Sobre las falencias y dificultades

Para ella, algunos obstáculos se pueden detectar en los lugares más alejados de las capitales y sobre todo en el primer nivel de atención. “La prestación de IVE/ILE depende de los equipos que se ponen al hombro la titánica tarea de abrirse espacios en los lugares más conservadores y sobre todo muchas veces soportando malos tratos del resto del personal del lugar de trabajo o en mucha soledad”.

“Faltan equipos especializados en IVE/ILE en todos los hospitales de la provincia. En las cuatro Maternidades se han conformado con mayor o menor capacidad para resolver las situaciones que se presentan. Hay equipos en la Maternidad, Hospital Avellaneda, Hospital Regional de Concepción y Hospital Eva Perón, también hay en otros hospitales de la capital (tales como Padilla, Carmen, Kirchner) y por ejemplo en Monteros y Tafí del Valle” explica Córdoba.

Desafíos y horizontes

“Las leyes en sí mismas no habilitan o garantizan. Son los procesos culturales, sociales e institucionales que van generando las transformaciones. Las leyes son necesarias, pero no suficientes para que los cambios sucedan”, explica Milagros Argañaraz.

“Resulta interesante poder pensar la ley como punto de llegada, pero también como nuevo punto de partida para transformaciones más integrales que nos ayuden a pensar desde cada sector, desde las calles, la escuela, las universidades, las casas, los centros de salud, los vínculos interpersonales, la construcción de esta nueva política pública con la mirada puesta en otras formas de salud posible, otras formas de ciudadanía posibles”, afirma.

La provincia es un campo en tensión constante, donde se mezclan cuestiones muy conservadoras, con una gran injerencia en la política por parte de la iglesia católica y la iglesia evangélica, pero también cuestiones muy progresistas, de mucho activismo político y cultural.

Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir saben que hay muchas cosas que se están habilitando, pero también que hay muchas otras que faltan, que tiene que ver con fallas del sistema de salud y con aspectos culturales de la provincia.

“Entendemos que el camino es colectivo, es en conjunto con profesionales de la salud y el movimiento feminista”, sostienen. “Las demandas al Estado son por mayores recursos humanos capacitados, con puesto de trabajos no precarizados, desde donde poder garantizar derechos.

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