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El 14 de octubre comienza el juicio contra el ex diputado y actual intendente de Famaillá, José Orellana, acusado de abuso sexual simple. La denuncia fue realizada en 2016 por una trabajadora del Congreso de la Nación Agustina Poch. En diálogo con La Nota, la joven cuenta como llega a esta instancia, y reflexiona sobre cambios que sucidieron en la Cámara desde su denuncia.
En un primer momento, la joven que al momento de los hechos tenía 21 años, decidió resguardar su identidad y utilizar un seudónimo. En 2018 y después de la denuncia que realizó Thelma Fardín a Juan Darthes, que visibilizó el dificil camino de las víctimas de violencia sexual, decidió dar a conocer su historia y brindar su testimonio a través de los medios.
Durante todos estos años fue acompañada por Gabriela Troiano, ex diputada para quien trabajaba en el Congreso. También por la abogada María Elena Barbagelata que asumió la querella. En 2020 la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados de la Nación resolvió realizar una reparación históricar que consistió en incorporar a la denunciante a la planta permanente como primera ingresante al nuevo Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara.
¿Cómo llegas a esta instancia del juicio después de 6 años?
Llegó a esta instancia cansada, pero con la esperanza de que todo el esfuerzo que pusimos para sostener este proceso judicial, que es revictimizante y desgastante por los tiempos de la justicia, pueda contribuir a que se dejen de naturalizar comportamientos como estos.
¿Crees que ha cambiado algo hacia adentro del Congreso después de que vos hiciste la denuncia?
Sí, hoy dentro de la Cámara de Diputados contamos con un protocolo de violencia laboral con perspectiva de género, es una herramienta que no existía cuando a mí me sucedió esto y considero que es necesario para que las personas que sufren violencia dentro de este ámbito encuentren un espacio de escucha y protección que yo no tuve.
Y desde el 2020 existen dos áreas de género que implementan políticas transversales hacia dentro de la cámara y trabajamos con el objetivo de tener espacios de trabajo libres de violencia.
En 2018 se aprobó el Protocolo para la Prevención e Intervención en situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de Género en el ámbito del Poder Legislativo Nacional que establece criterios y lineamientos para situaciones de violencia de género.
¿Se puede hablar sobre estos temas, se visibilizó hacia dentro del Congreso este tipo de violencia de género?
Si, una herramienta que tenemos y que nos permite llegar a más y más trabajadores son las capacitaciones de Ley Micaela, en particular contamos con un módulo de violencias en donde repasamos la ley 26.485, tipos y modalidades de violencias, contamos sobre el protocolo. El objetivo es poder visibilizar este tipo de violencia para que no sean normalizadas en los ámbitos en donde nos desempeñamos.
Las personas que deseen y necesiten acercarse a contar o denunciar una situación, pueden hacerlo contactando al protocolo o a las áreas de géneros. Todo esto en 2016 y 2017 no existía, no había a donde recurrir.
¿Cuáles crees que son los cambios necesarios o urgentes para prevenir este tipo de violencias en el ámbito político?
En primer lugar, no poner en duda cuando una compañera cuenta una situación de violencia sufrida. Luego el acompañamiento, la escucha activa es clave, y que se articulen los mecanismos de protección y acompañamiento dispuestos por el organismo, como por ejemplo el protocolo.
Y que las autoridades determinen de manera institucional que la violencia no se permite y actúen en consecuencia.
Algo que me parece importante aclarar es que si la situación de violencia sucede con un diputado o diputada, existe la limitación que la persona puede acercarse al protocolo a denunciar, pero no existe una sanción para ellxs, es algo en lo que todavía falta profundizar.
