Mientras el mundo corre contra el reloj climático y los glaciares retroceden a un ritmo cada vez más acelerado, en Argentina se tomó una decisión que va en sentido contrario. La reforma de la ley 26.639 de protección de glaciares ya fue aprobada en el congreso, y no es un cambio menor: modifica el criterio central con el que se protegían las principales reservas de agua del país.

No fue un error, no fue un trámite técnico: fue una decisión política. Y entre los 137 votos a favor, hay siete diputados tucumanos.

Los 7 representantes de Tucumán que votaron a favor:
Mariano Campero, Gerardo Huesen, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Javier Noguera.

Carlos Cisneros es el único representante local que votó en contra y advirtió que se trata de un cambio que habilita intereses económicos sobre zonas sensibles. Pablo Yedlin estuvo ausente.

Siete nombres, siete votos, siete irresponsables.

Contexto global: agua en crisis, decisiones en retroceso

En paralelo a esta votación, informes internacionales advierten que los glaciares del mundo están perdiendo masa a un ritmo sin precedentes. No es un dato abstracto: menos hielo implica menos regulación hídrica, más sequías y mayor vulnerabilidad de las poblaciones.

En ese contexto, las políticas públicas tienden a reforzar la protección de reservas estratégicas. Argentina decidió lo contrario.

Una ley nacida de la lucha (y del veto)

La protección de los glaciares en Argentina no nació como una concesión: fue una conquista. En 2008, el congreso había aprobado una primera ley, pero fue vetada por Cristina Fernández de Kirchner tras presiones de sectores mineros y gobiernos provinciales. Ese veto no cerró el conflicto: lo multiplicó.

La movilización social, la intervención de universidades, científicos y organizaciones ambientales pusieron el tema en el centro del debate público. En 2010, finalmente, se sancionó la ley 26.639 con un principio claro: los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua y deben protegerse de forma preventiva.

El rol del sistema científico

La ley no sólo fue política: fue científica. El Inventario Nacional de Glaciares, desarrollado por el IANIGLA (CONICET), permitió por primera vez tener un relevamiento sistemático de estos cuerpos en todo el país. Ese dato es clave: sin inventario no hay protección posible, y sin criterio científico la protección se vuelve discrecional.

Qué protegía la ley original

La ley establecía límites concretos: prohibía actividades que dañen glaciares y zonas periglaciares (incluida la minería), creaba el inventario nacional de glaciares a cargo del sistema científico y definía la norma como presupuesto mínimo ambiental, obligatorio en todo el país según el artículo 41.

Era una ley incómoda para intereses económicos, por eso fue resistida desde el primer día.

Presupuesto mínimo: el punto clave

El concepto de “presupuesto mínimo ambiental” no es menor: significa que ninguna provincia puede estar por debajo de ese nivel de protección. La reforma abre una grieta en ese principio y, cuando se rompe el piso, lo que sigue es desigualdad ambiental entre territorios.

Minería y glaciares: el conflicto de fondo

Detrás de la reforma hay un debate estructural: el avance de la minería en zonas de alta montaña, especialmente en litio, oro y cobre. Estos proyectos requieren grandes cantidades de agua y se desarrollan en territorios donde los glaciares cumplen un rol clave.

La ley original ponía un límite. La reforma lo vuelve negociable.

Qué cambiaron ahora

La reforma rompe ese principio preventivo: los glaciares dejan de estar protegidos por definición y pasan a evaluarse según su “función hídrica”, se amplía el poder de las provincias para decidir qué proteger y se flexibilizan restricciones en zonas periglaciares.

El cambio es profundo: lo que antes estaba protegido por principio, ahora depende de decisiones políticas. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales advirtieron que esto implica un retroceso en los estándares de protección ambiental.

Función hídrica: el nuevo criterio en disputa

El concepto de “función hídrica” introduce una pregunta peligrosa: ¿qué glaciar vale y cuál no? Porque no todos los glaciares aportan agua de forma visible o inmediata; muchos funcionan como reservas a largo plazo o reguladores indirectos.

Reducir la protección a lo “útil ahora” es ignorar cómo funcionan los sistemas naturales.

Tucumán: con glaciares propios y en riesgo

Tucumán no está fuera de esta discusión. El inventario nacional de glaciares registra más de un centenar de cuerpos glaciarios en la provincia, principalmente en la sierra del Aconquija. No son hielo decorativo: son reservas de agua.

Y además, la provincia depende del sistema hídrico andino. Tiene glaciares propios y depende de los glaciares de la región. Debilitar la ley que los protege es poner en riesgo el sistema que sostiene el agua en el NOA.

El Aconquija: territorio invisible en el debate

La Sierra del Aconquija no suele aparecer en el imaginario glaciar argentino, dominado por la Patagonia. Pero en el NOA existen glaciares de escombros y ambientes periglaciares fundamentales para el equilibrio hídrico. Son menos visibles, pero no menos importantes.

Noguera: del quórum a la entrega

El voto de Javier Noguera en la ley de glaciares no es un hecho aislado, tiene antecedentes recientes. En la reforma laboral de 2026 —una de las leyes más cuestionadas por su impacto sobre los derechos de los trabajadores—, Noguera no se posicionó como un obstáculo: su bloque, Independencia, dio quórum para que la sesión pudiera realizarse.

Sin quórum no hay ley, y ese quórum estuvo. ¿Por qué quizá un poquito de contradicción todavía le generaba perjudicar a los trabajadores un poco de prurito?

La reforma laboral avanzó con 135 votos a favor en un contexto de fuerte conflicto social. Ahí no hubo ruptura, hubo habilitación.

Y ahora, en la ley de glaciares, el movimiento es más explícito: ya no es facilitar, es votar afirmativamente. Primero habilitó, ahora vota en perjuicio de todos.

No es un gesto aislado, es una línea política: una línea que va desde la flexibilización laboral hasta la flexibilización ambiental.

Bloque Independencia: clave en el equilibrio

El rol del bloque Independencia en el Congreso se volvió estratégico: no siempre lidera, pero inclina la balanza. En ese tipo de configuraciones, cada voto vale más y cada decisión pesa el doble.

Una decisión que abre un nuevo escenario

La aprobación de la reforma no cierra el conflicto, lo profundiza: posibles planteos de inconstitucionalidad por el alcance del artículo 41, mayor margen de discrecionalidad para las provincias y avance sobre territorios sensibles a intereses extractivos.

No es solo una ley, es un cambio de reglas.

El agua no se negocia

Se puede discutir el modelo productivo, se puede debatir la minería, se pueden modificar leyes. Pero hay un límite: el agua no es un recurso más, es la base de todo. Y bajar su protección en plena crisis climática no es una decisión neutra, es una definición de futuro.

Memoria

Esta ley fue conquistada, defendida y resistida durante años. Ayer fue modificada. Tenemos los nombres, están los votos y ya quedó claro dónde está parado cada uno.

Al tratarse de un derecho universal básico, un bien común fundamental para la vida, la memoria no es opcional. Y en el futuro le pasaremos factura a estos 7 irresponsables… por decirles algo suave.

Pero esto no termina acá. Distintas organizaciones sociales, ambientales y jurídicas ya están impulsando una acción judicial colectiva para frenar esta reforma y denunciar su inconstitucionalidad. Desde Greenpeace convocan a sumarse a lo que definen como la demanda colectiva más grande de la historia en defensa del agua, advirtiendo que esta modificación pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas y que no se puede permitir este retroceso sin respuesta.

Porque cuando el Congreso falla, queda la justicia.
Y cuando la política traiciona, queda la organización.