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Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad llegó a Tucumán para presentar el Programa de Acceso a Derechos y el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas. Tucumán es una de las provincias con mayor índice de femicidios.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó en Tucumán el Programa de Acceso a Derechos y el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas, que articula en forma conjunta con el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se trata de la primera mesa de trabajo para la construcción del Programa Acceso a Derechos para personas en situación de violencia por motivos de género. Desde La Nota, conversamos con Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del MMGyD.
Diagnóstico
La propuesta del Ministerio es elaborar un “diagnóstico acerca de los obstáculos, las dificultades y también las buenas experiencias que hay en el tema de asesoramiento y acompañamiento de personas en situación de violencia de género para la implementación y diseño del programa Acceso Derechos de personas en situación de violencia de género que vamos a poner en marcha a partir del año que viene desde el Ministerio”.
Las reuniones no solo serán con actores institucionales, sino también con organizaciones de la sociedad civil para poder detectar las falencias actuales en la atención de estos casos. Tucumán es una de las provincias con mayor índice de femicidios. Según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tucumán tiene una tasa del 1,3 por cada 100 mil mujeres, encontrándose por encima de la tasa nacional que es de 1,1 y ubicándose como la sexta provincia con la tasa más alta del país.
Asesoramiento y acompañamiento a víctimas de violencia de género
Malacalza explicó que, en líneas generales, el programa va a consistir con la creación de equipos interdisciplinarios que van a depender del Ministerio de las Mujeres. Estos equipos van a asesorar y acompañar a personas en situación de violencia de género para el acceso a la justicia, pero también para el acceso a otros derechos.
Tramitar una causa judicial, prepararse para hacer una denuncia, conocer cuáles son las dificultades y obstáculos, los tiempos que lleva una denuncia judicial. A eso se enfrentan las mujeres que deciden realizar una denuncia, y muchas veces en soledad.
Pero también hay personas que deciden no hacer una denuncia. Al respecto, la referente sostiene que también tienen que acceder a un asesoramiento y acompañamiento. “Tienen que poder acceder a equipos interdisciplinarios que le permitan acceder, por ejemplo, a programas sociales, como el Acompañar y Potenciar Trabajo”.
“Este programa de Acceso a Derechos de personas en situación de violencia de género viene a cumplir con un mandato que tenemos como Estado, que es crear la figura del acompañante“, expresó. Esta figura está contemplada en la Ley de Protección Integral a las Mujeres.
Malacalza reconoció el trabajo de acompañamiento y articulación que realizan las organizaciones feministas y de la sociedad civil, que en muchos casos deben intervenir para que la policía reciba una denuncia, o que puedan tener asistencia psicológica, o incluso en pedidos concretos de protección en casos de amenazas y riesgo de vida.
“Es una obligación que tenemos como Estado y queremos que con estos equipos que van a funcionar en las provincias se genere una mayor cercanía del Estado, con recursos profesionales capacitados para que las personas puedan acceder a todos los derechos que se vulneran frente a una situación de violencia de género”, detalló.
Articulación entre los poderes del Estado
El objetivo central del programa interministerial contra las Violencias Extremas, es lograr la articulación entre Justicia, Seguridad y las áreas específicas que abordan políticas de prevención, asistencia y protección de víctimas de violencia de género. “Sin esa articulación estatal aparecen muchas dificultades”, sostuvo Malacalza.
“La desarticulación que aparece entre el mismo Poder Judicial, cuando una persona presenta varias denuncias, estas denuncias no se articulan entre sí y no se vinculan entre sí, no dan cuenta de la gravedad de un contexto de violencia de género en el que ocurren y la desarticulación que también aparece entre el Poder Judicial con el Ejecutivo. Porque una vez que la persona presenta la denuncia y no recibe la protección, hay una falencia”, señaló.
El femicidio de Paola Tacacho se convirtió en un caso testigo de las falencias del Estado en la protección de las mujeres víctimas de violencia en Tucumán. La joven de 30 años había realizado más de 16 denuncias ante la justicia tucumana durante cinco años contra Mauricio Parada Parejas, un ex alumno que la acosaba sistemáticamente. El 30 de octubre la asesinó en la calle y luego se suicidó.
Debida diligencia
Consultada acerca de las denuncias que pesan sobre diferentes funcionarios público en Tucumán, entre ellos, la denuncia por abuso sexual contra el senador José Alperovich, contra el legislador Ricardo Bussi y contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Antonio Estofán, la especialista sostuvo que “la Justicia tiene, en el en materia de violencia de género, la obligación de investigar y sancionar con un término que usan los Organismos Internacionales de Derechos Humanos que tienen que ver con la debida diligencia”.
“La debida diligencia significa la inmediatez en la puesta en la investigación y la sanción. Sin esa inmediatez, lo que el Poder Judicial y el Estado es legitimar el acto de violencia, creando un contexto de impunidad para los hechos de violencia vuelvan a ocurrir“, remarcó.
“Eso genera un mensaje social y es un mensaje de impunidad y de legitimidad del hecho de violencia. Hay una obligación de los funcionarios del Estado de actuar con la debida diligencia, la inmediatez y la seriedad que requieren estos casos”, puntualizó.
Además, agregó que, “respetando la división de poderes que existe en todo sistema republicano, nosotros entendemos que el Poder Judicial tiene que tener también su capacitación específica en el en perspectiva de género y diversidad”. Y recordó que hace unas semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una capacitación propuesta por el MMGyD.
