En diciembre de 2016, L. salió de Recorcholis, un boliche ubicado en Yerba Buena, y se subió a un taxi para ir a una sanguchería. Se iba a encontrar con sus amigos. Antes de que el taxi arranque se acercó una persona a la que L. conocía del ambiente del fútbol y se subió con ella ya que se dirigía hacia el mismo lugar. Un par de cuadras más adelante, él hizo parar el auto y, forcejeando, la hizo bajar. El taxista arrancó sin reparar en la situación violenta. L. denunció que en ese momento fue arrastrada detrás del oratorio ubicado en Avenida Aconquija y Andrés Villa, donde el hombre abusó de ella y la golpeó. Logró escapar, salió corriendo por la avenida hasta que se cruzó con una persona y logró llamar a una prima. Tenía la cara ensangrentada, estaba arañada y le faltaban dientes. Fueron a la comisaría de Yerba Buena, pero la policía no le quiso tomar la denuncia.
El próximo 28 de noviembre llega el juicio oral por el delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y la querella solicita que se amplíe la calificación a lesiones graves en contexto de violencia de género. L. además de las secuelas psicológicas que le dejó este hecho que la llevó a abandonar el país, perdió parte de su dentadura.
Dorys es la hermana mayor de L. Desde un primer momento supo que tenía que acompañar a su hermana y visibilizar lo que había sucedido. En 2016 aún no se hablaba de estos temas en los medios de comunicación y las denuncias quedaban dormidas en los cajones del Poder Judicial. Lo primero que recuerda es lo difícil que fue realizar la denuncia. “Fue una peripecia todo. Y eso que yo tenía a quién preguntar. Primero fuimos a la comisaría de Junín y Sarmiento. Fuimos atendidas con muy poco tacto por parte de una policía mujer. Te ultrajan en cada sector del sistema”.
A la violencia que había vivido, L. luego enfrentó la violencia institucional del Poder Judicial. Ante personas diferentes, en oficinas distintas, repetir una y otra vez aquello que quería olvidar. La no revictimización de las víctimas de violencia de género es un estándar que todos los Estados que adhieren a los tratados internacionales como la CEDAW deben cumplir.
La Justicia no funcionó y la sociedad le dio la espalda. En aquel momento, faltaban aún algunos años para que la no tolerancia a los abusos sexuales se transforme en un horizonte más cercano. Ante la visibilización que tomó el caso en enero de 2017, L. y su hermana fueron atacadas y cuestionadas por animarse a levantar la voz y denunciar.
Por parte del entorno en el cual había conocido al imputado, L. no tuvo ningún tipo de apoyo o acompañamiento. Tiempo más tarde de la denuncia, se lo cruzó en un torneo de fútbol y les contó a quienes organizaban lo que había vivido. Ignoraron su pedido y no le dieron ningún tipo de protección. L. tuvo que abandonar ese espacio.
Para darle impulso a la causa, se constituyeron como querellantes con un abogado de la Defensoría Oficial. “Fue un error que cometimos”, dice Dorys y relata cómo tenían que rogar por información: “No nos explicaron nada. No teníamos el apoyo ni de la Justicia ni de la sociedad”.
“Todo funciona mal. Supuestamente en esos años el intendente Campero puso cámaras por todo Yerba Buena, pero no hay ni una cámara que haya funcionado esa noche, no tenían cinta de video”, afirma la joven.
Sin perder las fuerzas, pero con los costos emocionales de quienes sostienen las banderas de Justicia, hoy están acompañadas de dos abogados que militan la perspectiva de género y entienden al derecho como una herramienta no sólo punitiva, sino también restauradora. La querella está conformada por Luciana Gramaglio y Martín Gonzalez.
A pedido de la fiscal Mariana Rivadeneira, el imputado fue sobreseído en 2019 por la prescripción de la causa que estaba caratulada como “abuso sexual en grado de tentativa”. La nueva conformación de la querella apeló el sobreseimiento argumentando la falta de perspectiva de género. “No estamos hablando de una tentativa de abuso sexual simple por que no existe esa figura. No hay forma de pensar en esa posibilidad”.
Este año, la fiscal Adriana Reinoso Cuello elevó la causa a juicio oral por el delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. “Lo primero que vamos a plantear es el cambio de carátula. Estamos hablando de un abuso sexual simple con lesiones graves por el contexto de violencia de género y por la incapacidad permanente que le generaron los golpes”, explican desde la querella.
“Haciendo una análisis de las pruebas nos damos con que no hablamos de lesiones leves, hay un informe forense donde señala que L. tendría una incapacidad física, parcial y permanente de un 15%. Para el código penal la incapacidad permanente corresponde a lesiones graves”, señaló Gramaglio.
“Este es un caso más que demuestra el accionar de la Justicia ante un caso de abuso sexual. Si vos no tenes una persona que mire el proceso desde una mirada respetuosa con los derechos de las víctimas, con perspectiva de género, el imputado era sobreseído. Y el impacto de ese sobreseimiento dentro de la comunidad es enorme. Ella fue super estigmatizada cuando denunció”, señaló Gonzalez.
Reparación
“Me sentía culpable de mi forma de ser, de mi forma de vestir, de mi elección sexual, de mi libertad”, escribió L. recientemente. “Vivimos en una sociedad tan enferma que en un momento llegué a pensar que mi forma de vestir y mi exposición tenían consecuencias y eran estas. Me culpe de mi libertad, de ser libre”.
En nuestra sociedad sigue siendo muy difícil denunciar los abusos sexuales. Un informe sobre violencia sexual en América Latina y el Caribe, realizado por la Organización Mundial de la Salud, calculó que sólo un 5% de las víctimas adultas de violencia sexual en la región denuncian el hecho a la policía.
La culpa siempre la tiene la víctima. Se duda de su palabra, se banalizan los hechos, se protege a los abusadores. “No tuvo ninguna condena social”, dice Dorys respecto del imputado. “No nos creen, piensan que somos un grupo de mujeres locas que un día decidió culpar a una persona de la nada, como si atravesar todo esto fuera algo divertido“.
Recientemente tuvieron otro problema con la presencia del imputado en el torneo de fútbol de profesionales universitarios de Tucumán (ADPUT), donde participa el hermano de L. El pedido a la Comisión Directiva de que fuera apartado fue desoído, e incluso en su equipo decidieron ponerlo como director técnico.
El viernes pasado un grupo de amigas decidió ir al club con carteles de manera pacífica para visibilizar el reclamo. “Estamos cansados de la Justicia que por tecnicismos dificulta todo y la sociedad patriarcal que defiende al agresor y estigmatiza a la víctima” decía uno de los carteles. “¿Sabías que el DT de un equipo de ADPUT está acusado de violación y la comisión directiva no tomó ninguna medida?”, denunciaba otro.
“Lo revivis a eso cuando salis a la calle y te cruzas con esos tipos, como sus amigos, que te dicen que quieren que recapacite, que piense en el error que ha cometido, cuando se trata de un delito. Para esta gente si no hay condena es como que no lo hizo. Me molesta que estas personas sean parte de la sociedad. Realmente nos va a reparar una condena”, afirma Dorys.
A pesar de los avances que existen en materia de derechos hacia las mujeres, aún vivimos dentro de una sociedad que alimenta y normaliza la cultura de la violación. L. tuvo que esperar 6 años para llegar a un juicio oral. Esa es una falencia de la Justicia y del Estado, pero también la sociedad le dio la espalda. Es ahí donde también hay que seguir mirando para terminar con la complicidad con los agresores sexuales.
