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En Tucumán, el 3 de julio, una niña de 3 años ingresó sin vida a un hospital. La causa de su muerte se debió a un contundente golpe en la cabeza, pero además presentaba muchos otros signos de violencia. Como trascendió públicamente la niña Érika, contaba con un recorrido institucional en el Estado marcado por intervenciones y medidas insuficientes y aisladas que la llevaron a este fatal y brutal final.
Frente a este cuadro escalofriante e indignante, desde el Equipo de Niñes de Andhes, señalan algunos ejes estructurales en relación al acceso a derechos de las, los y les niñes en la provincia.
La debilidad del sistema y la violencia institucional en materia de niñez.
Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y asumió así las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas y los niños. Desde entonces se han desarrollado una serie de adecuaciones lentas, parciales y sujetas a la discrecionalidad de cada provincia, en distintos niveles. La Ley Nacional 26.061 en 2005 creó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La norma nacional impulsó reformas políticas e institucionales vinculadas a una reorganización estructural, que incluyó un reordenamiento de la institucionalidad nacional, federal, provincial, y municipal; e implicancias sustanciales en la administración de la justicia, y las normas de procedimientos. A su turno, cada provincia generó su propia normativa local, que en el caso tucumano corresponde a la Ley 8293 de 2010 y su correspondiente reglamentación de 2015.
Sin embargo, a treinta años de la Convención y quince años de la reforma nacional, ¿qué sucede con el sistema de protección integral en la provincia? ¿Alcanza con la conformación de una estructura formal para que deje de haber Érikas? ¿Es solo una la institución responsable de las múltiples vulneraciones a derechos que se evidencian en estas situaciones? Para garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de protección integral hace falta mucho más que la reglamentación de una ley, o la construcción de una Secretaría y una Dirección. Se trata de garantizar una estructura interministerial e intersectorial que implemente políticas públicas de características descentralizadas, adecuadas, asequibles y debidamente presupuestadas para comenzar a hablar de un Sistema en funcionamiento.
Andhes trabaja en materia de niñez desde el año 2001 y desde la sanción de la ley provincial venimos acompañando el fortalecimiento y la adecuación del sistema de protección integral en sus instancias locales, esto es, en las patas del sistema en los municipios. En nuestra provincia, quince de los dieciocho municipios cuentan con un servicio local de protección y solo cinco de ellos cuentan con una ordenanza municipal que regula y reconoce su funcionamiento – e implica en las prácticas que su existencia misma no depende de la gestión de turno. Los servicios locales de promoción y protección de derechos de niñes son la puerta de entrada a un sistema que debe mirar, acompañar y fortalecer los vínculos familiares y afectivos de les niñes en sus comunidades, y promocionar, prevenir, proteger y restituir los derechos de les niñes y adolescentes.
En este sentido es importante remarcar que no alcanza con que el servicio exista y esté disponible, responder a las necesidades de este colectivo involucra intervenciones adecuadas, acordes, orgánicas e idóneas. El costo de la debilidad institucional – y la violencia institucional que implica – la pagan directamente les niñes y adolescentes de las distintas comunidades, la falta de calidad en los servicios es una vulneración por sí misma.
Dentro de este engranaje se vuelve fundamental señalar a les trabajadores del órgano y las condiciones laborales en que llevan a cabo sus funciones, quienes ya han denunciado en reiteradas ocasiones la precariedad en el que desarrollan sus tareas. Se trata de una institución que cuenta con personal limitado y precarizado en relación a la demanda que recibe, con una constante reducción en recursos materiales y estructurales, lo que conlleva a una fluctuación intermitente en tiempos, referenciación, espacios y modelos de abordaje. Esto debe enlazarse a la falta de jerarquización de las funciones y a la subvaloración de la tarea especializada que llevan adelante.
La superposición de violencias y el rol del Estado.
La violencia contra las niñas y los niños es alarmante: los resultados de diversos estudios sobre prevalencia de maltrato infantil en la región estiman que al menos el 51% de les niñes exponen haber sido víctimas de maltrato en el hogar y hasta un 82% de adultos y adultas admiten haber utilizado alguna forma de violencia física o psicológica contra les niñes a su cuidado. En la Argentina, el motivo de ingreso del 44% de las, les y los niñes, y adolescentes a los dispositivos de cuidado institucional del sistema de protección se reporta a causa de violencia o maltrato. Y el estado es responsable de esto: en la medida en que no aborda de manera proactiva con una política clara para erradicar la violencia, la misma se sigue perpetuando y reproduciendo.
En contextos de violencia estructural como lo es la pobreza, estas prácticas se recrudecen y a ello se suma que les niñes y adolescentes son les principales afectades en contextos de crisis. La situación de pandemia es una de esas situaciones en las cuales se agravan las vulneraciones a sus derechos. El discurso político de protección, cuidado y garantías para niñes y adolescentes de la provincia es sólo una expresión demagógica cuando no se plasma en políticas reales, con el presupuesto correspondiente a la situación que atraviesan niñes y adolescentes, aquí y ahora.
El sistema de protección integral debe avanzar en el fortalecimiento de su institucionalidad tanto a nivel nacional, provincial y municipal, se debe poder dar una respuesta oportuna a la violencia contra les niñes y adolescentes, siendo la prevención y la promoción de derechos lineas fundamentales que se deben desarrollar. Las políticas públicas y los programas dirigidos a combatir la violencia no deben perder de vista el carácter multidimensional de la problemática y la perspectiva de género que debe subyacer a toda política de prevención, promoción y restitución de derechos. Las respuestas deben ser integrales, transversales y proactivas. No construir de esta manera, en esta línea, sólo habla de estancamiento y retroceso en materia de Derechos Humanos, y los resultados son groseramente visibles. Ante esta noticia tan disruptiva, despiadada, y angustiante que moviliza a una sociedad entera, las observaciones, conclusiones y análisis llevan a enunciar que, seguimos siendo testigos de una agenda donde la niñez no es prioridad de la política pública en la provincia.
