Desde la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, que acompañó profesionalmente a la niña embarazada producto de una violación en Jujuy, publicaron un comunicado en el cual repudiaron el uso político por parte de los sectores fundamentalistas y la violación a la confidencialidad que realizó el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid.
“La alternativa terapéutica de la cesárea fue elegida por la niña con el sistema de apoyo que la ley exige. El respeto por el derecho a la autonomía impone a los/as profesionales de la salud a brindar información sanitaria completa, clara, acorde a las competencias y basadas en evidencias científicas que comprendan las alternativas disponibles. Y el respeto por la autonomía impone a las/as abogados/as prestigiar la decisión de las usuarias por sobre las cosmovisiones personales”, expresaron en el comunicado.
También, aprovecharon para apuntar contra el Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, quien en declaraciones mediáticas, brindó información privada en franca violación de los derechos que acuerda la ley 26.529. “La confidencialidad sanitaria impide a los/as profesionales de la salud revelar datos que se conocen a propósito de una relación de salud establecida”.
Por otro lado, responsabilizaron al Estado de Jujuy por la negligencia en la detección tardía de este caso que impuso una re-victimización más en la vida de la niña. “La publicidad indebida de su tránsito por el Sistema de Salud, su uso político por parte de los sectores fundamentalistas, la exposición de la autonomía a decisiones judiciales y finalmente, el desenlace desafortunado que convierten a esta niña en madre contra su voluntad, son variables que profundizan aún más discriminación de género y refuerzan los patrones culturales de subordinación que el Estado Argentino se ha comprometido a erradicar”, sentenciaron.
Por último, en el comunicado esgrimieron, que se bien se respeto la autonomía de la niña, “en el interín se violó el derecho a un trato digno y respetuoso, el derecho a la intimidad, el derecho a la confidencialidad y el derecho a tener una atención sanitaria libre de violencias de cualquier tipo”.
Según publicó en diario Página 12, en los próximos días decidirán si inician acciones judiciales contra los directivos del Hospital de San Pedro y del Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy “por no asumir su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud”.
