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Un Monitoreo Social Sobre la Salud de las Mujeres en Tucumán, realizado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y la Fundación Mujeres x Mujeres, presenta un panorama general de las condiciones de acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva en la provincia.
El martes 12 de diciembre, en el Salón “Sitio de Memoria” de la Legislatura local, se presentaron los resultados del Monitoreo Social Sobre la Salud de las Mujeres en Tucumán, realizado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y la Fundación Mujeres x Mujeres.
Se trata de un trabajo estadístico de relevancia en el contexto provincial, dado que a 14 años de la sanción de la ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, la misma no es implementada en la provincia.
Luego de más de un año de trabajo, entre la recolección de datos y el análisis de los mismos, el informe muestra un panorama general de las condiciones del acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva en Tucumán.
Las cifras del embarazo adolescente
Un punto fuerte en la presentación del informe fueron las estadísticas sobre embarazo adolescente. Tucumán está por encima del 15% del promedio de la media nacional. El año pasado se registraron 3.675 partos de madres adolescentes sobre un total de 17.381 en el sector público.
La abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres x Mujeres, planteó durante la presentación el objetivo de visibilizar el impacto desproporcionado que tiene en la vida de las mujeres la falta del acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. “Pensando que son las mujeres quienes tienen la capacidad biológica de gestar, una de las principales consecuencias de la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva es un embarazo forzado”, explicaba la abogada.
Una deuda pendiente con las tucumanas
Deza también realizó un repaso de la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, desmitificando su vínculo con la legalización del aborto. “La ley 25.673 de creación del programa de salud sexual y procreación responsable no tiene que ver con legalizar el aborto. La ley trabaja en tres ejes: provisión gratuita de insumos MAC (métodos anticonceptivos) e información sobre MAC para toda la población, capacitación a efectores de salud sobre el tema, campañas de difusión co-coordinadas entre Salud, Educación y Desarrollo Social. Lo que asusta es la desinformación que se genera no ingenuamente entorno al tema, de tal forma que se obstruye el debate”, y remarcó, en referencia al aborto “cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, que no tiene que ver con la ley 25.673, hablamos de una prestación médica que es lícita en Argentina desde el año 1921.”
La ley 25.673 es del año 2003. En Argentina se puede interrumpir un embarazo producto de una violación o que ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer desde el año 1921.
Cómo se construyó el monitoreo
100 mujeres usuarias del sistema de salud público fueron entrevistadas en las puertas de los hospitales cuando salían de sus consultas. De los números que arrojaron las estadísticas, el perfil de la usuaria del sistema público es una mujer que pertenece a un sector vulnerable. En términos de educación sólo el 42% alcanzó la educación formal obligatoria, en términos de pobreza: el 72% no tiene un empleo remunerado.
El 51% de las mujeres encuestadas identificó su primer embarazo como no buscado o no
planificado, y la mayoría aclara que “vinieron solos”.
El 87% de las usuarias reconoció haber utilizado alguna vez un MAC, sin embargo, sólo el
51% dice haberlo usado antes de su primer embarazo. El 39% dijo utilizar anticonceptivo oral, pero solo la mitad recibió información sanitaria sobre su uso.
Obstáculos para acceder a la salud sexual
También fueron entrevistados de forma individual 30 médicos/as, trabajadores sociales, enfermeros/as, psicólogos/as, agentes sanitarios/as y empleados/as administrativos/as.
En todas las instituciones de la salud pública se denunció desabastecimiento de insumos. “Si no hay información, la usuaria no va a pedir, si pide y no hay insumos es altamente probable que quede expuesta a la falta de protección en sus relaciones sexuales”, puntualizó Soledad Deza.
Por otro lado, se registró una falta de difusión gráfica y campañas masivas de comunicación. Señalaron que en los espacios de salud pública no hay información ni cartelería. En muchas instituciones ni siquiera está identificado el consultorio.
La ley 25.673 prevé en su artículo 8 que las instituciones públicas deben realizar la difusión periódica sobre salud sexual y procreación responsable.
La autonomía de las mujeres
A través de los números presentados, donde el 60% de las usuarias dijo haber cursado al menos un embarazo no buscado o no planificado y que sólo el 56% conoce que una violación es cualquier relación sexual no consentida, sumado a las dificultades que manifestaron al acceder a información y a MAC, en el informe se plantea que “la autonomía -entendida como la posibilidad cierta que tiene cada persona de tomar decisiones libres y autogobernadas en relación a la propia vida- no es del todo practicable sin contar con educación, información y atención sanitaria basada en el respeto de los derechos y libre de toda violencia“.
