A partir de los testimonios de distintas víctimas, la fiscalía ordenó que Gendarmería rastrille el parque del establecimiento educativo, donde curas, monjas y personal administrativo abusaban de alumnos hipoacúsicos, en busca de posibles evidencias de otros crímenes.
La Justicia mendocina comenzó a buscar bajo tierra evidencias sobre los delitos que se cometieron en el Instituto Antonio Próvolo de Carrodilla. En el establecimiento educativo se cometieron abusos sexuales, principalmente hacia niños hipoacúsicos, en manos de personal eclesiástico y de maestranza. Personal de Gendarmería Nacional trabajará ocho días en el predio buscando desde un sótano hasta los restos de un niño sepultado, a raíz de diferentes testimonios que brindaron las víctimas.
Al vendaval de denuncias de abusos sexuales de todo tipo, en las que se revelaron que niños y adolescentes del Próvolo eran filmados en los baños, atacados en sus habitaciones, e inclusive llevados a “la casita de Dios” para someterlos a sesiones sexuales grupales, trascendió que algunas adolescentes podrían haber quedado embarazadas y que habrían sido obligadas a abortar en el establecimiento, según informo el diario local UNO.
Dos alumnos del Próvolo que dieron su testimonio en la causa judicial, revelaron haber visto fetos guardados en frascos, en un sótano del establecimiento que actualmente no existe y que, de existir, estaría oculto bajo otra estructura o cegado bajo tierra.
Otro dato inquietante, es el relato de otros tres ex alumnos que refieren a la muerte de un niño en el instituto, tras caerse de una pared medianera. Afirman que no supieron nada más de él. La fiscalía revisó el historial del instituto a través de su documentación y no existe ni denuncia ni procedimiento administrativo por una muerte accidental de un menor.
La especulación de que si murió un niño podría haber sido sepultado en el lugar tomó fuerza al menos como una hipótesis que el fiscal Gustavo Stroppiana necesita que se confirme o se descarte.
Números de la causa
A fines de noviembre de 2016 se conocieron las primeras denuncias. Más de 29 cámaras Gesell se realizaron en las que los jóvenes ex alumnos sostienen haber sido maltratados, físicamente o psicológicamente.
En ellas, 18 denunciantes manifestaron haber sido víctimas de abusos sexuales.
Hasta el momento hay 15 imputados, entre ellos 2 curas, 2 monjas, 3 ex administrativos, una ex representante legal, 4 ex directoras, un jardinero, una psicóloga y una ex cocinera. De ellos, 8 están detenidos con prisión preventiva.
El cura Nicola Corradi, la monja Kumiko Kosaka y la ex representante legal, Graciela Pascual permanecen detendos en presión domiciliaria. Sólo 3 están en complejos penitenciarios: el cura Horacio Corbacho y el ex administrativo Armando Gómez, y la ex cocinera Noemí Paz.
Además, el Vaticano envió 2 investigadores para seguir el accionar de los curas mientras estuvieron en el Próvolo mendocino. Y la Iglesia nombró a Alberto Bochatey como interventor de la orden religiosa de la que depende el Próvolo a nivel mundial.
Entre 2004 y 2005 habrían tenido lugar los primeros episodios y ya hay -al menos- 45 hechos contabilizados por los denunciantes.
