El Ministerio de Seguridad estableció un protocolo que deberán cumplir las fuerzas de seguridad al momento de registrar o detener personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. ¿Cómo se van a dar cuenta si el protocolo es aplicable? ¿Qué garantiza su aplicación?. Esta medida abre más interrogantes que respuestas.
Por Bruno Bazán y Talita De Lázzari para Hamartia
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich firmó un protocolo en el cual se da indicaciones a las fuerzas policiales y de seguridad federales al momento de registro y detención de una persona perteneciente al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Nota al pie, olvida mencionar la comunidad intersex.
El protocolo fue redactado y propuesto por la Coordinación de Diversidad y no Discriminación, área del ministerio de seguridad creada durante el 2016. Según el texto publicado en el boletín oficial desde esta área consideran “oportuno” y “conveniente” la redacción del instrumento. Cabe preguntar ¿Cuál sería el avance en reconocimiento de derechos o en materia de inclusión de la comunidad LGTB? ¿Para quién o quiénes es oportuno y conveniente? Algunas de estas preguntas nos podrá ayudar a ver, hasta qué punto aún subsiste la negación de las sexualidades disidentes.
Para despejar cuestiones, vale aclarar que el marco normativo nacional e internacional que menciona el texto y sus anexos en relación a la comunidad LGBTI no tienen modificación pero tampoco garantiza su aplicación y garantía, ni su instrumentalización o de modo más claro y extendiendo, su alcance. La legislación mencionada, se usa para lavar de progresista, una medida fascista.
El instrumento se estrena irónicamente, a 15 días de la Marcha del Orgullo lo cual deja correr la manipulación política del miedo y unido a esto, evidencia la dominación que realiza el gobierno, una lectura a vuelo de pájaro permite tamizar la retórica neoliberal que utiliza cuando identifica, encasilla y homogeneiza al colectivo, menciona las identidades como si fueran estancas y confunde una vez más, identidad de género y orientación sexual.
La medida se incorpora como material de lectura obligatorio en los institutos y en cursos de ascensos de fuerzas policiales y de seguridad federal. ¿Cuál es el objetivo de instrumentar estas medidas? El objetivo es –ahora–reforzar un sistema de valores y una forma de hacer las cosas, no pretender que sus filas se apropien de la ley de identidad de género, los principios de Yogyakarta o la legislación internacional de Derechos Humanos. Claro está que promover la igualdad ante la cachiporra no puede ser jamás motivo de celebración de ninguna comunidad.
Nos preguntamos ¿Cómo se van a dar cuenta si el protocolo es aplicable? ¿Qué garantiza su aplicación? ¿En el medio de una detención forzada las mujeres de la fuerza van a preguntar cuál es tu identidad de género autopercibida? ¿Cómo querés que te llame? Claro que no. La medida carece de principio de realidad, no genera mejores oportunidades sino que pisotea derechos, lo cual es un tropo familiar para la comunidad LGBTIQ que no vamos a pasar por alto.
“Se pinta una estación de subte con la bandera del orgullo y se pretende así declamar el apoyo a una comunidad que en realidad está pidiendo políticas públicas que modifiquen condiciones reales de existencia y den oportunidades a largo plazo”.
Acertadamente, los estudios sobre género y sexualidad utilizan el concepto de “pinkwashing” (lavado rosa) para poner en evidencia, como las administraciones gubernamentales para presentarse como progresistas realizan ciertas compensaciones otorgando derechos a la comunidad LGTB; y por otra parte, producen fuertes retrocesos en temáticas fundamentales para el feminismo y los derechos humanos. En esta corrida legalista del gobierno para demostrar que” hacen algo”, se aplica el concepto.
Se sabe que la estrategia de varios gobiernos de derecha en la actualidad es tener una actitud indulgente e hipócrita con la comunidad. Se pinta una estación de subte con la bandera del orgullo y se pretende así declamar el apoyo a una comunidad que en realidad está pidiendo políticas públicas que modifiquen condiciones reales de existencia y den oportunidades a largo plazo. Este protocolo, en realidad no representa ninguna mejora concreta a la calidad de vida de gays, lesbianas, trans e intersex. Ni responde a ninguna de sus demandas históricas específicas.
Según dispone el protocolo, el personal femenino es quién instrumentará las acciones, lo cual deja entrever para que son puestas en acción las mujeres de las fuerzas y pone al descubierto, entre tantas fisuras del instrumento, el desconocimiento sobre la población LGTBIQ y los derechos de identidad de género de varones trans, gay, por ejemplo.
Una de las definiciones de protocolos es la de “conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticas”, es decir, es siempre una pauta de acción y en este caso en particular una pauta de acción para las fuerzas de seguridad, esas que hace poco detuvieron a una mujer lesbiana por besarse con su pareja en la estación de Constitución, fuera de todo protocolo.
Debemos poner en contexto la medida, ya que en principio se vincula con que desde distintas delegaciones del INADI, organismo estatal del cual se sabe poco y nada durante este gobierno, celebró la medida por considerarlo un avance en el reconocimiento de derechos. ¿Cuál es el privilegio de tener un protocolo especial para detenciones? Ninguno, sobre todo en un contexto hostil donde se profundizan las desigualdades, la posibilidad para subsistir y aumenta el odio, la transfobia y la homofobia. También un contexto donde, las fuerzas policiales incrementan las practicas represoras, una guía para regir los actos para registro y detención de persona LGBT, lejos de garantizar algún derecho se parece más a una invitación a la represión pero “como corresponde”.
Como feministas creemos que todos los seres humanos merecen igualdad de derechos, que la policía respete la identidad de una persona trans, significa poca cosa si eso lo hace en el contexto de abuso y represión en el que suelen darse las detenciones a este colectivo. Lo que demuestra es la negligencia y la falta de voluntad política para instrumentar acciones positivas.
En resumen, legalmente el texto no dice nada que no estaba dicho antes, lo nuevo no es el contenido, sino el formato ya que las prácticas discriminatorias por orientación sexual e identidad de género no tienen ninguna novedad, ya estaban administradas.
“Las personas trans no somos peligrosas, estamos en peligro” dice una de las frases que desde ese colectivo se enarbola. El proyecto “Reconocer es Reparar” busca una indemnización para las personas trans adultas victimas de persecución y abusos durante las últimas décadas. El Estado todavía tiene muchos derechos que garantizar desde distintos ámbitos a la comunidad LGBT, no estaría siendo esta clasificación en el ministerio de salud una necesidad, ni un pedido. El cupo laboral trans, la modificación de la ley anti-discriminatoria, una nueva ley de VIH-SIDA, un mayor presupuesto para la implementación de la ley de educación sexual integral serían proyectos que el gobierno podría empezar a atender, y también motivos de festejo para el INADI.
Consideramos que la idea misma de generar un protocolo especial fomenta la discriminación, porque implica la visión de todo lo no hetero-cis-sexual como “lo otro”, tan radicalmente distinto del resto de la población que incluso, la policía debe tener un manual específico de acción. Lo que queremos decir es que el estado heteroblanco y su gobierno de turno, realiza desde su lugar de privilegio un posicionamiento ético que construye al ciudadano deseable, incorporado a la ley blanca, a la superioridad racial y étnica. Esto no es una operación inconsciente, sino que es la evidencia del avance legalista del estado, lo cual implica normativizar un modo de vida y dejar afuera otros, lo que no se asimila, se desplaza, se margina y se castiga. Las construcciones identitarias no son categorías de clausura, de cierre, ni un lugar inamovible de llegada, de autodescubrimiento solitario, ni de lugar en una grilla.
En los tiempos que corren, la furia debe estar puesta en recrear nuevos tejidos emocionales de contención para responder a las complejidades y así poder pensar una agenda militante para seguir transformando la sociedad desde la comunidad.
Por Bruno Bazán y Talita De Lázzari para Hamartia
