Desde la semana pasada, a través del decreto 591/19, se admite la importación de residuos sin una certificación de su inocuidad para el ambiente y la gente. El macrismo busca generar una reducción del precio de los reciclables para fomentar el negocio detrás del sistema de recolección y disposición.
Por Julián Monkes
No es novedoso que el macrismo hace negocios a través del sistema de recolección de basura. Solamente el gobierno porteño destina más de 8.500 millones de pesos por año a la disposición de todo lo que se desecha. En ese marco tanto la auditoría porteña como las cooperativas, denuncian irregularidades en el control a las empresas y en su cumplimiento.
Estos negocios llevaron a la confrontación con las cooperativas cartoneras que se encargan del reciclado de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires, en diversas instancias y se reedita en esta ocasión con la firma del decreto 591/19, que admite la importación de residuos sin una certificación de su inocuidad para el ambiente y las personas.
Así es, se habilita la importación de residuos potencialmente peligrosos, sin siquiera tener resuelta la gestión de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires, la cual ha generado diversos conflictos. Este decreto, no solo perjudica a toda la población por los impactos socioambientales que eso puede generar, sino que perjudica el trabajo de las cooperativas cartoneras que se encargan del reciclaje.
El objetivo de fondo es bajar el precio de los productos reciclables en el medio de una crisis económica que pega fundamentalmente en la clases populares. Esto resulta funcional a los negocios que hay detrás del reciclado de la basura, en lugar de a los miles de trabajadores cartoneros.
La modificación se ve plasmada en el artículo N°2, en el cual reemplazaron la prohibición de importación de residuos o desechos procedentes del reciclado que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, por la prohibición de aquellas sustancias u objetos que, obtenidos a partir de la valorización de residuos, no tengan finalidad o mercados.
La gestión de los residuos es conflictiva desde hace muchos años. Sin ir más lejos, el año pasado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta modificó la “Ley de Basura 0” sancionada en 2007, para permitir la incineración de residuos. Esta normativa, tiene como fin la eliminación progresiva de los rellenos sanitarios y la disminución de la generación de basura.
Según la legislación para 2017 deberían haberse reducido el 75% de los residuos enviados al relleno. Sin embargo, sólo fue el 26,7% según datos oficiales.
Hoy en día se recicla un 46% de los residuos que genera la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, en ese mismo estudio muestran que el 40% de los residuos que llegan al CEAMSE podrían reciclarse.
Asimismo, de las 6700 toneladas que se recolectan de la Ciudad, las 12 cooperativas cartoneras tienen a su cargo el tratamiento de 600 por día.
Esta situación se basa en dos posiciones antagónicos con respecto al quehacer con los residuos de la ciudad. Por un lado, el gobierno de Cambiemos busca seguir profundizando sus negocios con las empresas que se encargan de la recolección y disposición final de los residuos en rellenos sanitarios, ya que cobran por tonelada procesada.
Por otro lado, las cooperativas cartoneras que encuentran en el reciclaje una fuente de trabajo digno y a su vez mejora el ambiente para la gente que habita en la ciudad y reduce la cantidad de residuos dispuestos en el CEAMSE, cuya vida útil está cerca de terminar.
Más allá de las consecuencias que puede generar la incineración, o en este caso, la importación de residuos potencialmente peligrosos, este gobierno está tomando medidas que desfavorecen al reciclaje que realizan las cooperativas cartoneras cuando deberían profundizarse las políticas públicas que las acompañen.
Ambas medidas, que fueron tomadas en el lapso de dos años, pueden generar consecuencias ambientales graves.
Fuente: Periodismo Popular
