Se cumple un año del asesinato de Facundo Ferreira, el niño de 12 años asesinado por dos policías de un disparo que le entró por la nuca y salió por la frente. La primera versión que difundieron el gobierno provincial y la policía fue la de un enfrentamiento. Sin embargo, las numerosas pruebas fueron demostrando que se trató de un caso de gatillo fácil. Un oficial está detenido y el otro continúa en funciones. por Sebastián Lorenzo Pisarello
Hace exactamente un año, Mercedes del Valle Ferreira le prometió a su nieto Facundo que le prepararía una picada, le compraría una Coca y de postre tendría unas galletas Óreo. Cuando volvió del súper, el ‘negrito’ -como le decía- ya no estaba. Un vecino le dijo que se había ido al Parque 9 de Julio pero que volverían cerca de la medianoche. Fue la primera vez que Facundo fue a las picadas. Y la última. No volvió más.
La madrugada del 8 de marzo, Facundo -de 12 años- iba de acompañante en la moto de Juan, un adolescente de 15. Él declaró ante la fiscal Adriana Giannoni que habían ido a ver las picadas de motos en el Parque 9 de Julio. Que salieron de ahí y aceleraron cuando dos policías en moto comenzaron a perseguir a otras dos motos que iban más adelante. Juan también aceleró. Los policías afirman que gritaron la voz de alto. Juan sintió algo, era Facundo cayendo de la moto. Los policías Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Diaz Cáceres fueron quienes lo persiguieron, le dispararon, montaron la escena del crimen para que parezca un enfrentamiento y dieron la versión que sería asumida como la oficial por el gobierno de Tucumán.
“Facundo recibió varios disparos. Algunos con balas de goma en su espalda y a una distancia relativamente corta. Y un disparo con arma de fuego en su nuca. Está acreditado que fue por el arma de uno de los dos policías imputados Cáceres y Monte de Oca. También está acreditado que Facundo no disparó ningún arma por lo que estamos ante un homicidio agravado por funcionarios públicos”, explicó Emilio Guagnini, abogado de la familia y miembro de la organización Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Estudios Sociales y Derechos Humanos). Las postas de goma en toda la espalda. La bala de plomo, justo en la nuca.
En un primer momento, el relato policial sostuvo que los menores no se detuvieron a la voz de alto y que comenzaron a disparar con armas de fuegos por lo que los oficiales comenzaron a disparar a los menores con sus armas reglamentarias. Sin embargo, la investigación realizada por la fiscala Adriana Giannoni llegó a algunas certezas: el barrido electrónico comprobó que los niños no habían disparado contra los agentes, el arma que se encontró fue la reglamentaria de los policías, Montes de Oca había consumido marihuana y cocaína esa noche, Díaz Cáceres tenía denuncias previas por violencia, esa noche no hubo enfrentamiento y el niño fue asesinado sin ningún justificativo ni atenuante.
“Le prometí a la fiscal Giannoni que todo lo que decían de Facundo era mentira. Ella me dijo al principio: ‘ellos (los policías) aducen un enfrentamiento pero vos quedáte tranquila que yo voy a armar el rompecabezas’. Y cuando lo armó me dijo: ‘qué razón tenías, abuela’. Facundo jamás ha tocado un arma. La única arma que tenía Facundo era la pelota”, recordó Mercedes, la Pochola, la abuela que aún cada noche se para frente a la puerta de su casa esperando que su nieto regrese.
Facundo tenía 12 años. Vivía con su abuela en el Barrio Juan XXIII, “La Bombilla”, una de las villas más antigua de la provincia y de las más estigmatizadas. En cierto imaginario social, La Bombilla es equivalente a delincuencia. Es por eso que la primera versión de enfrentamiento caló hondo en un sector de la sociedad que compró el discurso oficial que cuadraba con sus ideas previas. Pero Facundo Ferreira no tenía antecedentes, iba a la escuela y su sueño era jugar al fútbol de manera profesional y poder comprarle una casa a su abuela. La única arma que tenía Facundo era la pelota.
Niñez y pobreza
Tres mesas. Doce sillas de plástico y dos reposeras. Doce tazas verdes, azules y rojas. El merendero “El negrito Facundo” que atiende 80 niños y niñas cada martes y jueves surgió como “una iniciativa de (la organización barrial) La Poderosa para que podamos atender a otros chicos y a través de ellos verlo a Facundo”, cuenta Mercedes. Es jueves a la tarde y en la esquina de Italia y Asunción se levanta el polvo de la calle. Tres camionetas policiales doblan, a contramano y a toda velocidad, por Asunción y se meten en medio del Barrio Juan XXIII. En la maniobra casi atropellan a Alba, una joven militante de La Poderosa que estaba cruzando la calle. Frenan a dos cuadras, rodean a un hombre que estaba parado en la esquina y luego de insultarse con los vecinos, lo suben a los vehículos y abandonan el lugar. “Así es todos los días acá”, cuenta Rita Ferreira, tía de Facundo. “Desde que ha sido lo de Facundo nos persigue la policía. Nos quieren culpar de todas las cosas malas que pasan en el barrio”, agrega.
No es paranoia. Además del explícito apoyo del Gobierno provincial a la actuación policial, a los acusados se les permitió continuar en libertad a pesar de las pruebas que se fueron acumulando en su contra. En junio se conoció que un policía denunció ante la Fiscalía que investiga la muerte de Facundo Ferreira que le habían ofrecido un trato: solucionarle un problema judicial a cambio de que él vaya a la casa de los familiares del niño, “haga disparos” y los amenace. En agosto balearon a una tía del niño, a una vecina, asesinaron al perro de Facundo y detuvieron a un menor de 13 años que estuvo casi 24 horas incomunicado en la comisaría 6°.
Aunque Giannoni pidió cuatro veces la detención de los policías acusados, distintos jueces lo denegaron y los agentes continuaron en servicio. Hasta que en septiembre Montes de Oca fue detenido y dado de baja de la fuerza. Pero no por el asesinato de Facundo, sino por robar una cartera.
“Estuvimos indignados cuando vimos que lo metieron preso por robar y no por matar a Facundo. Yo lloraba de la emoción de que esté preso y de la bronca de que una cartera valga más que su vida”, recuerda Rita.
Díaz Cáceres, en cambio, sigue libre y en funciones. Supuestamente cumpliendo tareas administrativas y sin la posibilidad de portar arma, pero en diciembre lo vieron trabajando como guardia privado en una sucursal de la heladería Grido. “Fuimos a hablar al local y él se escondió. Esto fue antes de Navidad. Hicimos una marcha a Tribunales y pedimos se revise porque estaba trabajando si estaba supuestamente en tareas administrativas”, dice la tía de Facundo.
Los discursos oficiales
El primer título en la edición impresa de La Gaceta del 9 de marzo de 2018 decía “Un chico de 11 años murió de un tiro en la cabeza en un incidente con dos policías”. En la bajada rezaba “La fiscala Giannoni sumó indicios para creer que los uniformados respondieron al ataque de un grupo de jóvenes motociclistas”. El 12 de marzo, el Secretario de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, declaraba: “Hay que preguntarse qué hace esta criatura de 11 años fuera de la casa, dónde están los padres. Pero hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable, cuestiones muy internas que son propias de la familia. El padre o la madre tienen responsabilidad sobre ese chico pequeño de 11 años. ¿Qué hace en la calle? ¿qué hace ligado al uso de armas?”. Ese mismo día, el diputado nacional Leonardo Grosso exigió que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, desplace “a los policías que mataron a Facundo (Ferreira) y que le pida la renuncia a su ministro de Seguridad, Claudio Maley, que justificó el asesinato de un nene de 12 años”. En cambio, ningún político tucumano se expidió al respecto.
El 15 de marzo, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó a los acusados por el asesinato de Facundo Ferreira: “Tenemos que bajar la violencia y eso es que chicos de 12 años no estén armados, no usen armas como si nada, si ese chico le tira a un policía, el agredido en ese caso es el policía, tiene todo el derecho a defenderse. El que decide la acción violenta es el responsable de la violencia”.
En octubre la familia de Facundo fue a Casa de Gobierno. Tenían una reunión con Roque Paz, de la Secretaría de Participación Ciudadana. Le querían pedir que dejen de pagarle el sueldo al acusado Cáceres. Páez los hizo subir a una oficina donde les esperaba el Ministro de Seguridad, Claudio Maley. Rita quedó sorprendida: después de todas las cosas que había dicho de su sobrino lo tenía enfrente para poder responderle. “A Facundo le quitaron sus sueños dos policías drogados que usted tenía en la calle”, le recriminó.
En respuesta, Maley les ofreció poner una panadería. “Nosotros le dijimos que Facundo no valía un kilo de pan y que nada nos va a callar a nosotros. Que con plata o sin plata, íbamos a seguir en la lucha hasta que se haga justicia por Facundo. ¿Sabés qué hizo él? Nos hizo rezar un Padrenuestro. Y nos dijo que nos quedemos tranquilas, que iba a haber justicia en el juicio. Creo que con el rezo nos pidió perdón a nosotros”, relata Rita.
Y al final, antes de irse, le dijo a Maley: “nuestra lucha es porque no queremos más Facundos”.
