Desde el Colectivo Ni Una Menos Tucumán realizaron una presentación para que el Estado garantice el acceso a la salud y no se vulnere el derecho a la autonomía de la niña, víctima de un abuso, que solicitó una interrupción legal del embarazo.
El colectivo Ni Una Menos realizó una presentación en el SIPROSA por el caso de una niña víctima de abuso, que solicitó una interrupción legal del embarazo en dos ocasiones, tanto en sede sanitaria, como en sede judicial, según expresó la abogada Soledad Deza (Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres x Mujeres) en una conferencia de prensa convocada por el colectivo Ni Una Menos.
“Vemos con preocupación cómo el Sistema Provincial de Salud está ignorando la voluntad de esta niña que ha sido manifestada de forma clara”, manifestó en la puerta del organismo, acompañada por mujeres de diversas organizaciones.
Además, remarcó que el caso reviste de particularidades que agravan el caso. “La niña tuvo dos intentos de suicidio consecuencia del embarazo forzado que tiene”, explicó.
Además, según consta en los informes médicos que tiene en su poder la fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la investigación, llevar adelante un embarazo es mucho más riesgoso para la niña que interrumpirlo.
Desde Ni una Menos manifestaron su preocupación por la intervención de otra fiscal. “Estamos convencidas que está obstruyendo el acceso a la salud. En el día de ayer tomamos conocimiento que le dio visto a una defensora de menores, Adriana Romano Mazzone, para que tome intervención por la vida del nasiturus, lo cual contraría todos los estándares de Derechos Humanos, incluido el fallo F.A.L. de la corte”, expresó la abogada.
El Comité de los Derechos del Niño, recomendó específicamente a Argentina, el 1 de octubre de 2018, que garantice el acceso al aborto seguro para todas las niñas.
“Acá no solamente se está violando la autonomía de la niña, los derechos como paciente a la intimidad, la confidencialidad el trato digno, que están en la ley 26.529, sino, y por sobre todo, se le está imponiendo una maternidad forzada y se está poniendo en riesgo su propia vida”, argumentó Deza.
Desde el colectivo afirman que ya se debería haber realizado la interrupción legal del embarazo. “La directora del Este es responsable de todas las transgresiones médicos legales.”
“También vamos a hacer una presentación al Ministerio Público Fiscal, pedimos que el ministro público imparta instrucciones claras a sus fiscales en tres líneas: por un lado, para que dejen de violar los derechos de mujeres que llegan en situación postaborto. Por otro lado, para que le indiquen al defensor oficial Silvio Masa que está interviniendo en teoría por los intereses de esta niña, que pida un bozal legal para que los medios no reproduzcan más la intimidad de esta criatura. Y en tercer lugar para que imparta instrucciones a la fiscal Adriana Giannoni, y a todos los defensores, acerca de cuáles son los estándares legales. Porque hasta acá pareciera que los derechos humanos de nuestras niñas y adolescentes no le interesan a nadie en la provincia”.
“El embarazo infantil forzado es tortura”
“Es sumamente preocupante que el caso haya tomado estado público y que no se haya garantizado a la niña el derecho a la intimidad negándole la posibilidad de decidir sin presiones de ningún tipo”, indicó Celia del Bono, coordinadora de Cladem Argentina.
Según Cladem, la vida de la niña y su familia fue expuesta de manera morbosa e innecesaria, revictimizándola, con el agravante de que cada día que pasa sin poder acceder a la interrupción legal del embarazo pone más en riesgo su salud física, psíquica y hasta su vida.
“Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, recordaron desde la organización.
En el año 2016, CLADEM presentó su investigación sobre el embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe, en un Balance realizado en catorce países de la región. El informe parte de la preocupación por la invisibilidad de esta problemática que se constituye en una forma de tortura y afecta gravemente a los derechos humanos de las niñas en la región.
“A partir de nuestra investigación sobre embarazos infantiles, de acuerdo a los informes del ex Ministerio de Salud de la Nación, que el 70% de las niñas menores de 15 años que van a un parto fallecen. Se viola los derechos de las niñas y se pone en peligro su vida”, expresó Margarita Espeche, de Cladem Tucumán.
“Hay una niña que esta en peligro, hay un servicio de salud que es indiferente a los derechos de las niñas, hay un poder judicial que mira para otro lado y un Estado ausente”, cerró.
