El principio de inocencia rige para todos los individuos -no sólo para los funcionarios policiales-, y además el accionar de las fuerzas de seguridad está regulado para limitar el uso de la fuerza.
La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se refirió en una entrevista en el programa “La Cornisa”, que emite el canal América, a la muerte del joven Rafael Nahuel (22 años), que fue baleado en un operativo de desalojo de la Prefectura Naval Argentina a una comunidad mapuche de Bariloche. “Lo que tenemos que decir acá (…) es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza”, señaló la vicepresidenta.
El principio de inocencia rige para todos los individuos y no sólo para los funcionarios policiales. Además, las fuerzas de seguridad deben velar por garantizar la vida de todas las personas, por eso hay normas y protocolos que limitan el uso de la fuerza.
El conflicto se inició hace pocas semanas. Un grupo de mapuches de la comunidad denominada Lof Lafken Winkul Mapu anunció la ocupación de un territorio cercano al Lago Mascardi dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a 25 kilómetros de Bariloche. El jueves último el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó el desalojo de la comunidad a fuerzas de seguridad federales. Al día siguiente, se produjo un allanamiento en la zona y el sábado se ordenó un rastrillaje, a cargo del Grupo Albatros de la Prefectura, según el comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Este fue el operativo en el que mataron a Rafael Nahuel.
“El principio de inocencia funciona a favor de cualquier imputado, ya sea un delincuente o un funcionario de una fuerza de seguridad”, precisó a Chequeado León Arslanián, ex camarista federal, ex ministro de Seguridad bonaerense y ex ministro de Justicia y Seguridad de la Nación. Este principio está contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los artículos 1 y 3 del Código Procesal Penal de la Nación.
Sin embargo, según Arslanián, “en el caso de los desalojos o allanamientos, las reglas que funcionan son los protocolos de actuación de las fuerzas” y “para juzgar si la actuación fue acorde o no, se debe cotejar los hechos con los protocolos”.
El Ministerio de Seguridad de la Nación impuso en febrero de 2016 un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, que introdujo modificaciones a un reglamento anterior dictado en 2011 durante la gestión de la ex ministra Nilda Garré. El nuevo texto, por ejemplo, no hace referencia a la forma en que deben utilizarse las armas y delega esa potestad en las fuerzas federales y provinciales, que “dictarán protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales”.
“Es el Estado el que debe justificar el uso de la violencia en operativos”, señaló a este medio Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y agregó: “Al contrario de lo que ocurre en otras áreas de la administración pública, en las que se presume la legitimidad del accionar, no existe para las fuerzas de seguridad esa presunción y es por eso que siempre se precisa de una autorización judicial para intervenir, salvo en casos excepcionales”.
“Hay quienes dicen que el ‘beneficio de la duda’ para el acusado aplica sólo en la etapa de juicio o condena”, señaló el abogado penalista Roberto Durrieu. “En otros términos, hay quienes dicen así que tal garantía constitucional no aplicaría en principio en cabeza de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal en plena etapa investigativa. Es decir, en caso de duda, el fiscal debe investigar; sobre todo cuando se tratan de hechos delictivos graves. En síntesis: este beneficio entendido como, en caso de sospecha, seguir investigando debe estar en las fuerzas de seguridad y en los encargados de investigar, es decir, el Ministerio Público Fiscal”, agregó.
Según publicó el diario Río Negro, en la autopsia realizada ayer se determinó que Nahuel fue víctima de una bala calibre 9 mm que ingresó por su glúteo izquierdo de abajo hacia arriba y quedó alojada en el cuerpo. Este calibre, según la autopsia, sería compatible con el de las armas que utilizan los miembros de este grupo de élite de la Prefectura. Los resultados, sin embargo, aún no fueron informados oficialmente.
El Ministerio de Seguridad difundió su versión de los hechos en un comunicado, en el que afirmó que los prefectos que ingresaron en el lugar “observaron el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos. Además, otros portaban armas blancas”.
Señaló el Ministerio, también, que luego miembros de Prefectura “observaron a dos o más personas portando armas de fuego que, por el sonido y el efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre” y “comenzaron a replegarse hacia abajo, cubriéndose con disparos de fuego intimidatorios siempre en dirección hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes”.
La versión del comunicado fue ratificada hoy en una conferencia de prensa por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Germán Garavano. “No tenemos que probar el accionar de nuestras fuerzas de seguridad”, señaló Bullrich.
Fuente: Chequeado.com
