Tras cuatro días de búsqueda, el lunes por la tarde se produjo la detención. El imputado habría declarado un domicilio donde no residía.
La investigación por la muerte de Natalia Vargas, la joven médica de 28 años que murió al caer de un vuelo de parapente, sigue su curso. En la tarde de ayer se conoció la noticia de que el piloto Ariel Salazar fue detenido por la División de Homicidios, luego de que el viernes el juez Francisco Pisa dictara la prisión preventiva.
4 días tardaron en encontrarlo. Al momento de asentar un domicilio, Salazar había dicho que vivía junto a su madre, pero no era cierto. Días antes, agentes habían visitado la casa de la madre para buscar las cámaras que registraron el accidente y había solo dos camas, donde dormían la señora y un hermano del acusado.
Salazar está imputado por el delito de “homicidio culposo”. Y se bien se trata de una instancia excarcelable, el instructor quedó detenido por entorpecer la causa.
A lo largo de las últimas dos semanas, Salazar se había ido de su domicilio y había comenzado a escaparse de la justicia. Por eso, para la detención se empleó un mecanismo particular: una policía se hizo pasar como una alumna de parapente para poder encontrarlo. Una vez hallado, lo siguieron hasta que se produjo la detención definitiva, justo cuando estaba por ingresar al domicilio de su madre.
Gracias al operativo de camuflaje de un agente, se pudo conocer que el hombre residía en un domicilio nunca antes revelado junto a su novia.
La situación de Salazar es más que comprometida. En primer lugar, debido a un testimonio que se contradice con las palabras de la mayoría de los testigos y de los especialistas.
El piloto declaró en su momento que justo antes del accidente, Vargas entró en una suerte de ataque de pánico y eso fue lo que la hizo caer al vacío.
Sin embargo, gracias al video que se filmó en el instante preciso del despegue, se pudo corroborar que la joven no tenía puesto el arnés de seguridad de la manera correspondiente.
La Justicia solicitó al acusado los registros de la tarjeta de memoria de la cámara Go Pro con la que se hizo el vuelo, pero el imputado negó poseerla. Hasta ahora, el dispositivo audiovisual nunca fue encontrado.
La fiscal María del Carmen Reuter interrogó a tres testigos y allegados a Salazar respecto a lo que pudo haber sucedido con esa cámara. Los testimonios fueron tan contradictorios que se analizan imputaciones por el delito de encubrimiento.
El otro punto en contra de Salazar es nada menos que el de los permisos para brindar el servicio de los vuelos de parapente.
El presidente de la Federación Argentina de Vuelo Libre, Pablo Jaraba, declaró ante la justicia y aseguró que Salazar “no estaba habilitado para hacer la práctica biplaza ni era instructor” y que “no es un piloto profesional; ni siquiera cumplió con lo básico del curso”.
La causa también abrió puertas respecto a los vuelos de parapente en la provincia de Tucumán y sobre la fata de controles y regulaciones que pesan sobre esta actividad de riesgo que hace más de 25 años se practica en la provincia.
