Claudia Callejas fue denunciada en Tucumán por maltratar a una paciente que ingresó a la maternidad con un aborto espontaneo. La médica le realizó un legrado sin anestesia y violó el secreto profesional. Su caso fue reabierto el año pasado en la Corte Suprema de Justicia. Trabaja en el Calafate, y, a través de las redes sociales, pidió el suicidio masivo de quienes apoyen la legalización del aborto.
En el marco del debate sobre la legalización del aborto, las expresiones violentas de quienes sostienen el eslogan marketinero “Salvemos las Dos Vidas”, se vieron multiplicadas a lo largo y ancho del país.
Casos como el del anestesista de la Rioja, Facundo Segovia Barcena, que amenazaba con realizar legrados sin anestesia en caso de que se aprobara la legalización del aborto; la enfermera Stella Maris Escalada, de Santa Fe, que invitaba a sus colegas a hacer sufrir a las mujeres que requieran la práctica; o el docente de Orán, Félix Faustino Pizarro, que compartió una foto de una joven con un pañuelo verde y una pistola apuntándole la cabeza, son solo algunos de los ejemplos del nivel de agresividad con el que decidieron dar el debate desde los pañuelos celestes y rosas.
Estas amenazas, lamentablemente, distan mucho de ser solo eso: amenazas. Quienes hace años vienen militando con la convicción de que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito, conocen también infinidad de casos de tortura a mujeres que llegan a una guardia por complicaciones por aborto, clandestino o, incluso, espontaneo, como fue el caso de Belén, la joven presa durante casi 900 días tras sufrir un aborto espontáneo en la guardia del Hospital Avellaneda.
Criminalizar el aborto espontaneo: una tradición tucumana
Como antecedente a este caso, en la provincia, que recientemente fue declarada “defensora de la vida desde el momento de la concepción” y re-bautizada el 9 de julio como “cuna del niño por nacer”, también sirvió de escenario del caso conocido como “María Magdalena”, nombre que se utilizó para preservar la identidad de la víctima.
Los hechos sucedieron en enero de 2012, cuando la joven de 26 años ingresó a la guardia de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán con fuertes dolores abdominales. Allí fue atendida por las médicas Claudia Callejas y Alejandra Berenguer.
María Magdalena estaba con un aborto espontáneo en proceso cuando ni siquiera sabía que estaba embarazada. Ella tenía tres hijos y llegó acompañada de su pareja y su madre. Después de revisarla, Callejas y Berenguer la acusaron de haberse provocado un aborto, y, según consta en la denuncia, le realizaron un legrado sin anestesia.
Las médicas también llamaron a la policía, que esa misma madrugada la interrogó en la sala de partos, rompiendo el secreto profesional que debían resguardar con la paciente, algo que está prohibido por el Artículo 156 del Código Penal. En aquel momento, Rossana Chahla, directora de la Maternidad y actual Ministra de Salud de la Provincia, dijo ante la prensa que “desde la institución estamos obligados por ley a denunciar este posible delito”. María Magdalena estuve tres años imputadas, hasta que, en 2015, fue sobreseída.
En el fallo, firmado por el juez de Instrucción de la Tercera Nominación, Carlos Pissa, se destaca que “el secreto profesional derivado de la relación médico-paciente es una obligación que pesa sobre el primero, para proteger la intimidad de este último. Una resolución en contra de la imputada significaría alentar o fomentar la violencia institucional en contra de las mujeres, que diariamente se sitúan en la disyuntiva de optar entre su bienestar físico o psíquico y el temor que genera una posible represión del Estado”.
El magistrado sostuvo que “la historia clínica es de titularidad de la paciente y sus datos no puede ser usados en su contra. La historia clínica es un elemento legal que prueba con sus registros la atención recibida y la información que contiene está protegida por la confidencialidad médico-paciente y no puede ser divulgada por los profesionales de la salud, ni siquiera frente a un aborto”.
María Magdalena denunció a las dos ginecólogas de la Maternidad por la violación del secreto profesional y por perpetrar violencia obstétrica, psicológica e institucional, en los términos de la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres (a la cual la provincia de Tucumán adhirió mediante la ley 8.136).
Actualmente, Callejas trabaja en el Calafate en el Hospital Samic, donde sigue ejerciendo como ginecóloga, manteniendo la misma postura en contra del aborto seguro. Antes de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo comenzara a debatirse en la Cámara de Diputados, la médica realizó una publicación en su cuenta de Facebook donde pedía el suicidio masivo de quienes apoyen la legalización del aborto.
Ante estas expresiones, y en conocimiento de la denuncia penal que pesa en contra de la médica, el Frente de Mujeres Juana Azurduy del Calafate presentó una queja formal ante el hospital. La presentación dice que el grupo tiene el “temor” que, por su opinión en contra de la despenalización del aborto, la doctora pueda restringir el derecho al servicio de salud de alguna mujer.
El pedido a la intervención del hospital es que garantice la idoneidad de la profesional y que se tengan medidas preventivas que garanticen el derecho a la Salud a las mujeres y personas gestantes pacientes de ese hospital público.
Deudas pendientes
A pesar de que la Justicia de Tucumán, en todas sus instancias, se negó a investigar la denuncia que realizó María Magadalena, el 8 de marzo de 2017 la Procuración General de la Nación pidió que la causa contra las médicas se investigue y desde entonces el expediente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde para la abogada de la mujer, Soledad Deza de Católicas por el Derecho a Decidir, “se podría sentar un precedente fundamental para la protección de los derechos de las mujeres que van a atenderse a un hospital luego de tener un aborto”.
“La deuda pendiente es que el Poder Judicial se digne investigar la violación de secreto médico de las profesionales que la atendieron y denunciaron; y las demás violencias denunciadas por María Magdalena –obstétrica, física y psíquica– a las cuales pese a estar documentadas en la historia clínica, el Poder Judicial de Tucumán no se ha atrevido ni a nombrarlas”, agregó Deza, en una entrevista con Página12.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora, tiene en sus manos la posibilidad de garantizar los derechos de la paciente. Actualmente, la Corte Suprema de la Provincia recibió un oficio pidiendo que remitan el expediente principal. “Esto podría dejarnos entrever que va a fallar próximamente sobre el caso”, cerró la abogada.
Entre 2012 y 2017, 10.038 mujeres y personas gestantes llegaron a los hospitales públicos de Tucumán con complicaciones por abortos. La calidad de la atención que recibieron quedó sorteada al azar de que les toque un profesional de la salud que no anteponga sus prejuicios y creencias personales ante los derechos que les corresponde.
