El gobernador Juan Manzur volvió a designar al abogado Facundo Maggio para cubrir cargos judiciales, quien el año pasado ya había sido propuesto, pero, ante el rechazo de las organizaciones de Derechos Humanos, su pliego fue retirado.
El Poder Ejecutivo resolvió cinco de las nueve ternas para cubrir cargos judiciales que tenía a su disposición desde el año pasado. El abogado Facundo Maggio ocuparía la vacante en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº2 de esta capital. El año pasado ya había sido propuesto, pero, ante el rechazo de las organizaciones de Derechos Humanos, el gobernador Juan Manzur había retirado su pliego.
“Retiré la designación (de la Legislatura) por prudencia”, afirmó en aquel momento el gobernador. Consultado sobre los motivos específicos de la contramarcha, había aludido a “un malestar público y notorio” sin más especificaciones.
En ese mismo sentido se había expresado el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, en una entrevista con La Gaceta: “Creo que el aspirante Maggio está descartado hacia el futuro”.
Maggio es sobrino político del ministro público Edmundo Jiménez (está casado con Eloísa Rodríguez Campos, sobrina de este). Es quien defendió, en la Megacausa Arsenales II-Jefatura II, al sacerdote José Mijalchick. También defendió al ex policía Camilo Orce, acusado como autor material y partícipe necesario de delitos cometidos en perjuicio de dos víctimas del juicio Operativo Independencia. En distintas causas defendió a Carlos Eduardo Trucco, Luis Rolando Ocaranza, Cayetano Jose Fiorini, Chuchuy Linares, Carlos Diacono, Enrique Bonifacino y Ernesto Arturo Alais, todos ellos acusados de haber cometidos crímenes como secuestros, torturas y desaparición de personas. Es, además, el abogado del Arzobispado de Tucumán.
En las demás vacantes, Manzur designó a María del Rosario Arias para el cargo de jueza civil en Documentos y Locaciones Nº1, y a Leonardo Andrés Toscano en el Juzgado del Trabajo Nº6, ambos con asiento en San Miguel de Tucumán. En cuanto al centro judicial de Concepción, el Poder Ejecutivo colocó a Mariela Viviana Donaire en el Juzgado de Familia y Sucesiones, y a Tomás Ramón Vicente Alba en el Juzgado del Trabajo. Aún resta la aprobación de la Legislatura sobre los nombramientos del Ejecutivo.
Ante esta situación, desde las organizaciones de Derechos Humanos realizaron una presentación donde solicitan que se dé cumplimiento a la norma constitucional la cual prevé que la ciudadanía se exprese respecto de la idoneidad de los candidatos.
En el petitorio, recuerdan que la Constitución Nacional, en su artículo 16 se refiere a la idoneidad moral de los postulantes. Desde los organismos apelan a los antecedentes del abogado por que revelan su falta de idoneidad moral para ocupar un cargo en la Judicatura provincial. Y argumental que “las defensas que ejercita el abogado se basan en una reivindicación del terrorismo de estado y una revictimización de los testigos”. Además, recalcan que Maggio fue el primer abogado defensor de represores, en la provincia, que solicitó el beneficio del 2×1, para lograr la libertad de uno de sus clientes.
Por su parte, la legisladora Adela Estofán de Terraf y el legislador José María Canelada, quienes ya habían manifestado su oposición al nombramiento de Maggio, solicitaron que se requiera información y asesoramiento sobre el candidato a organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Andhes, H.I.J.O.S Tucuman, APDH, Fadetuc, entre otras, a la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y a la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia Erika Brunoto, a Humberto Rava, ex Secretario de Derechos Humanos, y a Fernando Sosa Padilla, ex diector de Educación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
