Lo decidió el fiscal Di Lello. La denuncia es por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público.
El Fiscal Federal Jorge Di Lello imputó penalmente al presidente Mauricio Macri y a otros funcionarios a raíz de una denuncia relacionada con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.
En la causa, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo denunciaron penalmente al primer mandatario por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público,
El motivo de la denuncia es la firma inconstitucional del acuerdo con el FMI sin tener autorización alguna del Congreso Nacional. El fiscal decidió impulsar la acción penal al considerar que los hechos, las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia resultan verosímiles y lógicas.
Por otra parte, Di Lello dejó a criterio del Juez Julián Ercolini el dictado de una medida cautelar que suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI que deberá ser resuelto en los próximos días. Esto es porque, además de la denuncia penal, fue presentado un recurso de amparo que tiene como objeto declarar la nulidad absoluta del acuerdo stand by de 50.000 mil millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional.
Junto a Macri, el fiscal imputó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el presidente del Banco Central, Luis Caputo y todo aquel que resulte de la investigación.
“El gobierno de Macri ha incurrido en el delito de abuso de poder al no someter el acuerdo con el FMI a la aprobación parlamentaria según manda la Constitución Nacional. La excusa esgrimida en base a un artículo de la ley de administración financiera, pasa por alto que dicha norma es inconstitucional y que además está caduca”, aseguró Lozano.
Luego agregó: “Por otra parte el FMI ha prestado violando su propio Estatuto que le impide prestar fondos en países en situación de Fuga de Capitales. Por ambas razones Argentina puede y debe desconocer este acuerdo”.
En tanto, Baldiviezo sostuvo que “el gobierno decidió avanzar con el acuerdo con el Fondo sin tener ninguna ley del Congreso que autorice a esa operación de crédito público. Esto se transforma en una monarquía financiera donde una sola persona, una sola voluntad decide el endeudamiento de la Argentina”.
