José Jorge Alperovich, condenado el martes 18 de junio por abusos sexuales, debe esperar en prisión al menos hasta agosto, cuando se lean los fundamentos del juez Juan María Ramos Padilla o hasta que su condena quede firme por una instancia superior. Esta decisión excepcional de prisión preventiva se basa en la naturaleza de la pena, no excarcelable por ser mayor a ocho años, y en el riesgo real de fuga.
El magistrado a cargo del juicio oral y público fundamentó su decisión en las maniobras de Alperovich para evadir la Justicia, observadas durante el proceso judicial. Estas incluyen intentar influir en testigos, ofrecer dinero a la víctima para frenar el juicio y sus conexiones con las más altas esferas del poder, como el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien fue su abogado durante la etapa de investigación. Todo esto aumenta el peligro de que se sustraiga del alcance del Poder Judicial.
Su séquito, los “sijosesistas”, como los denominó el abogado de la querella Pablo Rovatti y el fiscal Sandro Abraldes, se dispuso a defenderlo durante el debate oral, incluso al borde de cometer el delito de falso testimonio. En las más de 15 audiencias del juicio, fueron acusados cinco de sus empleados y colaboradores, quienes serán investigados por falsear u ocultar la verdad.
Los más comprometidos son Manuel Frías, Víctor Decataldo y David Cayata. Frías fue mozo en las casas donde ocurrieron los abusos sexuales en la ciudad de Yerba Buena. No solo fue acusado de ocultar información sobre conversaciones y fotografías que exhibió la víctima, sino que también realizó llamadas al teléfono celular de la denunciante días antes de presentar su declaración bajo juramento, una actitud considerada intimidatoria que él negó haber realizado.
Cayata, policía tucumano, fue chofer y custodio de Alperovich durante la campaña proselitista de 2018-2019. En su testimonio no pudo o no quiso explicar los chats donde la víctima le expresaba que había sufrido abusos. El fiscal consideró una burla a la justicia que el oficial de la fuerza policial dijera frente al juez que él creía que se trataba de un abuso laboral.
Decataldo, expareja de la hija del exgobernador detenido, admitió durante el juicio que, al conocer rumores de una denuncia contra Alperovich, contactó a la joven denunciante por Instagram. “Fue una estrategia para obtener información. Veía muy mal a Sarita y quería ayudarla. Hoy me arrepiento y pido disculpas”, afirmó.
El hombre cercano a la familia Alperovich, también reconoció haber faltado a la verdad en su declaración durante la investigación de esta causa en los tribunales tucumanos. Entre los chats que se leyeron, había frases intimidatorias como “te buscan como a Paulina” y “están dispuestos a poner plata”. Incluso hizo bromas sobre un supuesto abuso que él mismo había sufrido. Además, contó que Sara Alperovich conocía estas conversaciones a través de las redes sociales.
El Ministerio Público Fiscal también incluyó en la lista de investigados a la ex legisladora Beatriz Mirkin, a quien pidió investigar por el nombramiento de la denunciante en el Senado para que continuara trabajando en la campaña política de Alperovich.
La sentencia condenatoria marcó un hito en la política argentina, enviando un mensaje claro contra la impunidad en casos de violencia sexual y el ejercicio abusivo del poder dentro del escenario machista de la poiitica tucumana.
