Por Ingrid Beck en LetraP
Presión social y política para que la provincia adhiera a la norma. La interna entre Manzur y Jaldo. El bussismo llama “Gestapo” al Ministerio de las Mujeres.
Tucumán es la provincia de Lucía, la niña abusada a quien le obstaculizaron el acceso al aborto legal; de Belén, la joven que estuvo presa por un aborto espontáneo, y, también, la única que no adhirió a la, que obliga a funcionarias y funcionarios de los tres poderes a capacitarse en perspectiva de género. La semana pasada fue agitada para el gobernador Juan Manzur, un reconocido opositor a la interrupción voluntaria del
embarazo cuya ministra de Salud, Rossana Chahla , fue denunciada a la Justicia por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público” en relación con el caso de Lucía.
En una Legislatura que declaró a Tucumán “provincia Provida”, el oficialista Frente de Todos, con la iniciativa de Regino Armado, presidente subrogante del parlamento provincial y exministro de Gobierno y Justicia de Manzur, presentó un proyecto de adhesión a la Ley Micaela que incluía “objeción de conciencia”, le quitaba obligatoriedad a las capacitaciones, omitía las violencias contra la libertad reproductiva (incluidas entre los tipos de violencia en la Ley 26.485. Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y habilitaba a instituciones privadas para impartir la formación, quitándole la potestad al Ministerio de las Mujeres. Este proyecto del FdT, hasta hace muy poco considerado el “de consenso”, tenía las firmas de Sandra Mendoza y Víctor Deiana, también oficialistas, además de dos integrantes del bloque de Juntos por el Cambio.
El principal proyecto opositor provenía del bloque del bussismo, cuyo líder en la legislatura, Ricardo, el hijo del represor Antonio Bussi, junto a la legisladora Nadima Pecci, de Fuerza Republicana, y el macrista Walter Beraducci, presentó un texto en el que, en la fundamentación, refiere al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad como una “Gestapo ideológica”, entre otros datos de “color”.
El llamado “proyecto de consenso” tenía la sombra del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que había dejado librado a la “libertad” de cada legisladora y cada legislador el apoyo a las distintas fórmulas de adhesión. Jaldo y Manzur no son mejores amigos y, a veces, tampoco funcionan en tándem. De hecho, sus cortocircuitos quedaron en evidencia cuando el vice impulsó, en una sesión legislativa, un proyecto de ley para que el Banco Macro, principal agente financiero del gobierno de Tucumán, suspendiera el cobro automático de los préstamos personales tomados por los empleados estatales. La medida fue aprobado el mismo día en que el banco otorgó un giro al descubierto de 4.000 millones de pesos para que Manzur pudiera completar el pago de los haberes de marzo para los trabajadores del Estado.
Manzur y Jaldo contra la Ley Micaela
Jaldo, contribuyente de las Iglesias Evangélicas conservadoras, fue registrado en una reunión con un grupo evangélico local en 2018 cuando se comprometía a impedir la sanción o adhesión “a ninguna ley nacional que tenga que ver con la ideología de género”.
La respuesta a estos proyectos que ponen obstáculos a la adhesión a la Ley Micaela tuvo respuestas masivas y diversas: desde legisladores y legisladoras nacionales, la ministra de Mujeres Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta ; más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el país (en Tucumán, encabezadas por la Fundación MujeresxMujeres y Ni Una Menos), universidades y referentes de los más distintos espacios, incluido Yuyo García, el papá de Micaela, la adolescente víctima de femicidio que da nombre a la Ley
Pero, más allá de la inmensa presión social, el gobernador Manzur recibió más de un llamado del gobierno nacional instándolo a adherir sin objeciones a la ley nacional. La respuesta fue inmediata. Se resumió en un tuit: “Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género que se vive en toda la Argentina y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesan. Como gobernador quiero expresar todo mi apoyo para que Tucumán adhiera a la Ley Micaela”.
Luego de esa declaración pública del gobernador, Amado y Mendoza retiraron la firma del proyecto que ellos mismos habían presentado y lo reemplazaron por otro, muy corto, que adhiere a la Ley Nacional sin modificaciones. Sin embargo, en el artículo 2º, establece que los órganos de aplicación serán los titulares de cada poder del Estado, dejando afuera a la Secretaría de la Mujer, que debería ser la obvia autoridad en este caso, y dejando abierta la posibilidad de que funcionarias o funcionarios antiderechos capaciten en perspectiva de género.
Este martes 19, fue aprobado con dictamen de mayoría y seguramente será este jueves, cuando llegue al recinto, el que cuente con la aprobación de la mayoría de los 32 integrantes del bloque oficialista y del legislador Federico Masso, de Libres del Sur, y José María Canelada, radical no identificado con los sectores más conservadores de Juntos por el Cambio. Fuerza Republicana mantiene su voluntad de no adherir a la ley y sumó su “iniciativa” a otra antiderechos que proviene de un sector del radicalismo al que responde el legislador, Raúl Albarracín.
Las negociaciones cambian minuto a minuto en una provincia que tampoco adhirió al programa de procreación responsable ni al protocolo de Interrupción legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación; una provincia que parece haberles declarado la guerra a las mujeres con un gobernador que, si pretende salir de las fronteras del Jardín de la República y dar rienda suelta a sus aspiraciones presidenciales, deberá dejar de pelear contra más de la mitad de las votantes del país.
