El último año se registraron 147 crímenes de odio contra gays, lesbianas, bisexuales, travestis y trans. Las víctimas de los ataques fueron principalmente mujeres trans. Un 37% del total fueron llevados a cabo por el Estado.
Días atrás, Lucas Gargiulo, un chico trans de la provincia de Tucumán denunció en las redes sociales que un grupo de hombres le robó, golpeó y lo violó. No se trata de un caso aislado en la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Travesti, y Transexual (LGBTT), aun cuando en la actualidad se cumplen 7 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género.
¿Qué dicen los datos?
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT -que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina LGBT- publicó un informe en el que señala que registró durante el último año 147 crímenes de odio “en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia”.
Muy probablemente las agresiones de este tipo sean muchas más, ya que el informe sólo consideró los casos relevados por medios de comunicación y las denuncias realizadas ante la Defensoría LGBT y ante las organizaciones de la FALGBT o documentados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC). De todos modos, se registró un aumento en relación al año anterior, cuando las agresiones registradas fueron 103.
María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, explicó a Chequeado en esta nota que las denuncias aumentaron ya que “el Observatorio y las herramientas generadas por las organizaciones adquirieron mayor difusión y visibilidad y eso genera que las personas se acerquen más a denunciar”.
En el 64% de los casos, las víctimas fueron mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), en el 28% varones gays cis, en tercer lugar con el 7% de los casos le siguen las lesbianas y, por último, con el 1% los varones trans.
El 54% de los casos fueron casos de violencia física que no terminaron en muerte, mientras que el 46% restante fueron clasificadas como “lesiones al derecho a la vida, es decir asesinatos (17), suicidios (7) y muertes por ausencia y/o abandono estatal (43)”.
“Las consecuencias materiales de la ausencia y/o el abandono estatal están ligadas al hecho de no acceder a derechos básicos. Vemos de este modo promedios de vida muy bajos, falta de controles médicos, enfermedades crónicas, modificaciones corporales caseras sin supervisión profesional, malnutrición, bajas defensas, exposición a condiciones climáticas adversas para ejercer el trabajo sexual, abusos sexuales, golpes y violencia”, entre otros factores, explicó a este medio el equipo que elaboró el informe.
¿Quiénes cometen los crímenes?
De los casos relevados, el 58,5% fueron cometidos por personas privadas y el 36,7% fueron llevados a cabo por el Estado, como funcionarios de fuerzas de seguridad. Por último, con el 4,8% de los casos, se encuentran las lesiones que son provocadas por las propias víctimas en los suicidios.
Al igual que en caso de Lucas Gargiulo, el porcentaje más alto de los casos registrados ocurrió en la vía pública (41%). Después de que se hiciera pública la agresión, y el hecho de que no le tomaran la denuncia completa en la comisaría, el INADI anunció que capacitará sobre discriminación e identidad de género al personal de todas las comisarías de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Fuente: Lucía Martínez para Chequeado.com
