Publicado por Zondas Feministas
Las periodista Manuela Calvo y la referente de izquierda Carolina Goycochea se encuentran envueltas en un proceso legal, donde se las intima por millones de pesos por acompañar a madres protectoras de niñes víctimas en la provincia de La Rioja.
“Srs Carolina Goycochea INTIMO a Ud proceda a eliminar de la cuenta identificada como “NIUNAMENOS La Rioja” de la red Social Facebook y del usuario @niunamenoslarioja, de la red social Instagram con clara y deliberada intención de perjudicar mi honor” señala la notificación enviada por José Luis Giraldo denunciado por abuso sexual a uno de sus hijos.
Hace una semana la denuncia contra Giraldo se hizo pública por un descargo que habría hecho una amiga de la madre de la víctima. La investigación está a cargo del fiscal Martín Oneto.
Según esta denuncia pública, “la justicia no hace nada para proteger a los niños de Giraldo” y el juez al frente, Walter Peralta “decretó en reiteradas oportunidades” que el padre denunciado debe cumplir “con un régimen de visitas”. Estas actuaciones de la Justicia riojana son más que re victimizantes para los menores que manifestaron haber recibido abusos por parte del progenitor, cuestión que se repite en una serie de casos a lo largo y ancho de la provincia de La Rioja.
“Giraldo tiene como defensor en esta causa a Emilio Pagotto (hijo), de familia defensores de genocidas en la Mega Causa de Lesa Humanidad contra Monseñor Enrique Angelelli y Alberto “Agapito” Ledo. Además su padre Dr. Mario Emilio Pagotto fue defensor del tatuador sanjuanino, Patricio Pioli, condenado por “sexortocion”“, comenta a este medio Goycochea.
De larga cuña en contra de los derechos humanos, la referente de Izquierda dijo que Pagotto (hijo) publicó abiertamente en sus redes comentarios misoginos contra el movimiento feminista riojano. En los últimos post dijo: “Preparen sus sueldos locas”.
Y la amenaza se hizo real, Pagotto y su defendido intimaron a Goycohea a pagar $700.000 y $2.000.000 en el término de cinco días en concepto de reparación integral de daños y perjuicios. “Ello, bajo apercibimiento de reclamar su reparación en sede judicial”, manifiesta la notificación.
“Tienen una conducta de denigrar a mujeres de forma sistemática. Lo que me hicieron a mi no es distinto que los que le hicieron a Manuela Calvo por el caso Arcoiris ”, detalla la militante.
Arcoiris y la censura
La comunicadora Manuela Calvo fue hace un mes intimada por una medida cautelar de Pagotto en representación Matías Vergara, denunciado por encubrir al abusador de su hija “Arcoiris”.
Calvo desde hace meses viene realizando una exhaustiva investigación alrededor del Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes, en particular en el contra Arcoiris. Vergara la denunció por exponer supuestamente a la niña en un corto ficción en el marco del Plan de Fomento “Tu Historia Late” del Ministerio de Cultura de La Rioja.
Tanto Vergara como Pagotto presentaron una medida autosatisfactoria contra la periodista y una demanda por 5 millones de pesos. Estos amedrentamiento lograron que no se presentará el corto y Calvo tuvo que borrar sus publicaciones sobre el caso.
Esto impacta directamente en la difusión del caso Arcoiris y en el trabajo de Calvo como comunicadora, al mismo tiempo que actúa como dispositivo disciplinador para quienes deciden dar testimonio, denunciar, y para quienes acompañan esas denuncias.
Por redes y paredes: denuncias públicas como respuestas a la inacción de la justicia riojana
“A Manuela y a mí nos identifican porque somos los que hacemos los vivos de Ni Una Menos La Rioja pero yo no soy la administradora. Nadie lo es. Esto es un movimiento que denuncia a agresores, a fiscales y a jueces que los protegen”, manifestó Goycochea.
La abogada de Goycochea elaboró una estrategia de contestación para Pagotto y Giraldo, donde acusan a los demandantes de “persecución política y violencia de género”. “Lo acusó de intimidación y realizamos una contra demanda por $800.000 pesos”, cuenta la docente.
Tanto en los descargos contra Giraldo como los sinfin de comunicados exigiendo justicia por Arcoiris, el colectivo Ni Una Menos fue lo suficientemente descriptivo sobre las actuaciones de la justicia que siguen violentando a niños, niñas, mujeres y disidencias.
Los movimientos feministas y los organismos de Derechos Humanos buscan propiciar que sus demandas sean incorporadas en las agendas estatales, constituyendo reclamos hacia el Estado, en forma pública: por redes o paredes.
El Estado, es en última instancia, garante de la aplicación de justicia en respuesta a las desigualdades sociales.
Los escraches no solamente van contra los agresores también van en reclamo del Estado, en pos del desarrollo de políticas públicas que contribuyan a erradicar las desigualdades entre los géneros y erradicar la violencia sexual hacia niños y niñas.
El sistema judicial no puede ser un caldo de cultivo para que los acusados vayan en contra de las denunciantes y quienes las acompañan. Medidas cautelares y cartas documentos no pueden frenar un movimiento que apuesta a la transformación social. En todo caso, el sistema debe ajustarse a esas demandas y dar respuestas que impliquen un acto de justicia y no de censura y persecución.
