El Estado argentino fue evaluado en la sesión 78 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el país.
La semana pasada, el Estado argentino fue evaluado en la sesión 78 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC por sus siglas en inglés) sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el país. El Gobierno debió contestar si el acuerdo con el FMI podría afectar los derechos de la infancia. O si la “doctrina Chocobar” también se aplica a menores. Los expertos independientes que integran el CRC indagaron también sobre cuestiones como la demorada designación del Defensor del Niño, la falta de una ley de responsabilidad penal juvenil y la violencia institucional contra los adolescentes.
Entre ellas, el caso de Facundo Ferreira de 12 años, asesinado de un balazo en la nuca por la policía tucumana, fue señalado como caso testigo de la violencia policial en Argentina.
A la violencia estructural señalada durante la sesión, el Comité sumó la preocupación por las denuncias de violencia institucional que atraviesa a niños, niñas y adolescentes de nuestro país, según informaron desde Andhes.
El CRC es el órgano de seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Todos los Estados que firman y ratifican la CDN presentan cada cinco años un informe oficial sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, y sobre los avances en el cumplimiento de sus derechos. El Comité contrasta el informe oficial con los “informes sombra” que elaboran las organizaciones de la sociedad civil, y con los documentos que emiten expertos independientes como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura.
Según el Comité, en la Argentina existe una importante cantidad de testimonios de detenciones arbitrarias a niños por su aspecto, en su mayoría acompañadas de malos tratos y torturas, amenazas, hostigamientos, simulacros de ejecuciones, armado de causas, intento de involucrar a niños en actividades delictivas, y muertes por gatillo fácil. Señaló su preocupación por la impunidad en el país y citó como caso testigo el de Facundo Ferreira demandando a nuestro país una investigación rápida, efectiva e imparcial.
En esta línea, el Comité definió la Doctrina Chocobar como el uso de violencia letal como primer resorte, e interpeló al Estado a aclarar si es este el enfoque que le está dando al tema de la seguridad, y si esa será la forma de relacionarse de las fuerzas de seguridad con los niños y niñas.
“Facundo Ferreira tenía 12 años cuando dos agentes de la policía de Tucumán lo asesinaron por la espalda. El uso claramente excesivo de la fuerza letal contra un niño, fue avalado y legitimado por los gobiernos nacional y provincial, por lo que cabe preguntarnos: ¿el gatillo fácil es una política de Estado?”, cuestionaron desde la organización de derechos humanos.
Las observaciones se conocerán el próximo 7 de junio.
