En base a testimonios y documentación, el fiscal federal Pablo Camuña consideró que seis empresarios del ingenio fueron cómplices de más de 60 secuestros de trabajadores, sus familiares y vecinos, y de la desaparición de otros diez.
La Fiscalía Federal de Tucumán solicitó que se detenga y se indague a seis empresarios vinculados al ingenio azucarero La Fronterita durante la década de los 70, en donde el Ejército instaló una base militar que funcionó como centro clandestino de detención. En base a testimonios y documentación administrativa, el fiscal los consideró cómplices de más de 60 secuestros de sindicalistas azucareros, trabajadores del ingenio, sus familiares y vecinos cercanos y de la desaparición de una decena de ellos materializadas por el Ejército entre 1975, en el marco del Operativo Independencia, y 1979, cuando la última dictadura cívico militar había arrasado con casi toda la militancia en el país. De concretarse, sería el primer caso de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado en la provincia que queda sometido al proceso de memoria, verdad y justicia. La decisión está en manos del juez federal Daniel Bejas.
Hace algunas semanas, el fiscal Pablo Camuña, titular de la sede tucumana de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó formalmente al juez Bejas que indague y detenga con prisión preventiva a media docena de directivos de la empresa por secuestros, torturas y desapariciones de obreros de la fábrica, familiares de ellos y vecinos.
“Consideramos que hubo una coincidencia de intereses entre militares y empresarios. Los militares buscaban desmovilizar a los azucareros tucumanos, cosa que a los empresarios les convenía por una cuestión económica: buscaban profundas reformas como la suplantación de mano de obra por maquinaria sin la oposición de un gremio combativo”, apuntó Camuña.
“Esta clase de pedidos suele hacerse con un grado de certeza básico, pero nosotros trabajamos para lograr un nivel propio de un juicio oral para poder exigirle al juez que estas personas deben ser indagadas por ser cómplices de delitos de lesa humanidad. Trabajamos para no tener dudas”, dijo a Página 12 el fiscal Camuña en relación con el requerimiento que aún aguarda una respuesta del juez.
En base a un centenar de testimonios, documentación recogida durante el allanamiento a las oficinas de la Fronterita –solicitado por la Fiscalía y ordenado por Bejas en mayo de 2016–, documentos fiscales y registros públicos, la Fiscalía Federal concluyó que el empresariado que manejó a ese ingenio, uno de los más pujantes de la provincia en los 70, colaboró con el terrorismo de Estado. “Las colaboraciones fueron variadas: desde prestar el predio para que se instalara la base militar, hasta la cesión de vehículos de la empresa para secuestrar personas y sobre todo la provisión de información al Ejército sobre trabajadores y habitantes de las colonias obreras”, explicó Camuña.
El ingenio azucarero La Fronterita funcionaba en un enorme predio ubicado a 10 kilómetros de Famaillá. Entonces, el territorio en manos de la firma José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I., incluía las plantaciones, los galpones y las oficinas, las “colonias”, pequeños barrios donde vivían los obreros y sus familias; una escuela, un dispensario, una comisaría. “Una estructura semifeudal”, comparó Camuña en donde, entre febrero de 1975, cuando comenzó el Operativo Independencia, y por lo menos 1978 funcionó, también, una base militar.
La fuerza de tareas que estuvo a cargo de esa base, llamada “Rayo”, nucleó las actividades de “control de la población” en toda la zona del ingenio y sus alrededores, desarrolló “actividades de represión ilegal lisa y llana centradas en la persecución de opositores políticos”, informó la Fiscalía e, incluso, “intervino en la sociabilidad de esos pueblos, controlaba todo lo relacionado con la población, incluso hasta el horario en el que se acostaba la gente”, puntualizó Camuña.
La base se instaló en el “tambo” o “los conventillos”, un lugar ubicado a 300 metros de las oficinas de los directivos del ingenio. Camuña remarcó: “No cabe duda de que ellos sabían lo que allí sucedía”.
La fiscalía solicitó a Bejas la indagatoria y la detención de seis administradores y empresarios que estuvieron al mando del ingenio por considerarlos cómplices de los secuestros de 68 personas: 44 eran trabajadores del ingenio, 34 vivían en las colonias, buena parte integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita afiliado a Fotia, y 51 estuvieron detenidos en la base militar antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. También los consideró cómplices de las torturas aplicadas y de la desaparición de 11 de ellos, varios delegados, algunos vecinos de fuera del ingenio y el secretario general del sindicato hasta el ‘75. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas.
Por Ailín Bullentini para Página 12
