Esta visita se realizará en el marco de la solicitud de medida cautelar en la cual Milagro Sala es la propuesta beneficiaria, que la CIDH está procesando actualmente.
“La CIDH y el Estado argentino se encuentran actualmente coordinando la fecha de la visita. Tanto la Comisión como el Estado están interesados en que esta visita tenga lugar en las próximas semanas, antes que termine el mes de junio.” se indicó en el comunicado.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
En diciembre del año pasado, la CIDH “urgió al Estado argentino a dar pronta respuesta” al reclamo que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria realizó en octubre de 2016, en el que dictaminó que Sala estaba detenida arbitrariamente y pidió que sea liberada.
La CIDH comenzó a sesionar en Buenos Aires el 162° período de sesiones extraordinarias el lunes pasado, y los debates se extenderán hasta el 26 de octubre. Esta es la segunda vez que sesiona la CIDH en Buenos Aires por invitación de un gobierno, más allá de la visita de 1979 . La primera tuvo lugar en 2009, cuando fue invitada por el entonces canciller Jorge Taiana para conmemorar aquella visita del 79, que fue un punto de inflexión para la dictadura porque su recopilación de datos y entrevistas permitieron que el mundo comenzara a saber y reclamar sobre los detenidos y desaparecidos.
La líder de la Tupac Amaru viene de ser sobreseída, hace una semana, en dos causas en las que estaba acusada de “inducción a cometer el delito de amenazas agravadas”.
En diciembre pasado, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de “daños agravados”, por un escrache en 2009 contra el entonces senador y actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, fallo que se encuentra con pedido de revocación por parte del fiscal Javier De Luca ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La Corte Suprema se debe pronunciar sobre si ratifica o no la prisión preventiva, o si abre otra opción como la prisión domiciliaria. (Telam)
