El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán resolvió hoy condenar a 17 de los 24 exmilitares y expolicías imputados por delitos de lesa humanidad en el juicio conocido como Jefatura III, nueve de ellos a prisión perpetua, ocho recibieron penas de 8 a 13 años y siete resultaron absueltos.
Se trata del decimoquinto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en la provincia de Tucumán, en el cual se juzgó a 24 exmilitares y expolicías por crímenes cometidos contra 232 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Jefatura de Policía y en ex Ingenio Nueva Baviera durante el terrorismo de Estado.
Esta tarde, alrededor de las 16, el tribunal integrado por la jueza Noel Costas y los jueces Enrique Lilljedahl y Federico Bothamley dieron a conocer su veredicto con una sala de audiencias llena de familiares y seres queridos de las víctimas, sobrevivientes y militantes de organismos de derechos humanos.
El TOF resolvió condenar a prisión perpetua a los exmilitares Ramón Ernesto Cooke, Camilo Ángel Colotti, Mario Miguel D’ursi y Augusto Leonardo Neme. En tanto, Luis Edgardo Ocaranza y José Roberto Abba fueron absueltos.
Los expolicías sentenciados a perpetua son Mario Ernesto Senco, Rolando Reyes Quintana, Ricardo Oscar Sánchez, Hugo Javier Figueroa y Guillermo Ugarte. Mientras que, Guillermo Abec, Segundo Benito Acosta, Miguel Ángel Nieva, Miguel Ángel Venturino, Juan Luis Villacorta y Pablo Gregorio Zárate fueron condenados a 13 años; Ramón César Jodar a 12 años y Roberto Antonio Rivero a 8 años.
Los expolicías que resultaron absueltos son Juan Carlos Soria, Luis Rodolfo Ocaranza y Miguel Ángel Chaile, y las expolicías María Luisa Acosta de Barraza y Olga Aguilar de Porcelo.
Los jueces declararon, además, que los hechos probados a los largo de este juicios constituyen “delitos de lesa humanidad”, y que “las niñas, adolescentes y mujeres víctimas en la presente causa padecieron actos que constituyen formas de violencia contra la mujer”.
Los condenados por delitos sexuales, entre otros delitos de lesa humanidad, son Senco, Cooke, Sánchez, Reyes Quintana, Figueroa y Ugarte.
Por su parte, la fiscal Valentina García Salemi, dijo a La Nota que la sentencia fue “positiva, hemos obtenido nueve de las 13 condenas a perpetua requeridas por la parte acusatoria, también se obtuvieron penas altas en las otras condenas, la mayoría iguales a las que pedimos desde la fiscalía”.
“Algunos de los acusados, como es el caso de Senco, es la primera vez que se enfrentaban a un juicio y fueron condenados”, agregó
Con respecto a la absoluciones señaló, “una vez que estén los fundamentos de la sentencia serán evaluadas en cada caso, para ver cuáles fueron las razones de las mismas, y se requerirá revisión por un tribunal superior mediante un recurso de casación, luego de ser evaluadas”.
García Salemi destacó, que en el contexto político en el que se encuentra Argentina “esta sentencia declara que hubo una comisión masiva de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado y que en esa marco hubo violencia de género”.
“Todo esto habla de la importancia de que estos juicios se sigan desarrollando, de la prueba producida, de la lucha de los familiares”, manifestó la fiscal.
Carolina Frangoulis, referente de HIJOS Tucumán, expresó “tengo sensaciones encontradas porque siete absoluciones nos dejan un sabor amargo”, sin embargo, “hubo casos como los ocurridos en Nueva Baviera que me dejaron muy conforme con las penas, porque estábamos ante un tribunal nuevo con jueces que vienen de otras provincias, y si bien tiene su trayectoria en lesa humanidad, no les había tocado hasta ahora Tucumán, que ha sido tan particular en esta materia”.
“Divido siempre la justicia en dos y pienso en que la justicia es esta sala llena, la madre de Hugo Pastor (víctima de este juicio) abrazada a la foto de su hijo en primera fila, luchando y esperando que vuelva a casa, y creo que eso es mucha más justicia que las prisiones perpetuas”, sostuvo la militante de derechos humanos.
“Volver a mi casa pensado que los genocidas han sido condenados, da cuenta que seguimos en el lugar correcto a pesar de lo que diga este gobierno negacionista y todos sus aliados. Esta es una respuesta para quienes van a visitar a (Alfredo) Astiz a la cárcel. En estos tiempos tan hostiles, nosotres seguimos militando y levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia”, concluyó Frangoulis.
Este juicio comenzó en mayo de 2023 y constituye la tercera parte del universo procesal de la megacausa “Jefatura de Policía de Tucumán”. En esta oportunidad también se abordaron hechos sucedidos en el ex ingenio Nueva Baviera -que dejó de funcionar en 1966 como fábrica azucarera-.
A lo largo del debate se logró comprobar que los delitos de violaciones de domicilios, asociación ilícita, reducción a la servidumbre, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados, fueron cometidos principalmente en el centro clandestino de detención (CCD) Jefatura de Policía de Tucumán y a partir de la actuación del grupo del llamado Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que operaba en ese lugar, y en el ex ingenio “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército Argentino.
Para ello resultó fundamental la declaración de 213 testigos, así como la incorporación de 75 testimonios de otros juicios y otros 90 por lectura. En cuanto a la prueba documental: se presentaron 107 habeas corpus, 67 legajos de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), 86 legajos de la Bicameral legislativa tucumana (creada para investigar estos delitos), 50 denuncias presentadas en organismos internacionales de derechos humanos, instituciones religiosas, etc, 17 denuncias en instancias del poder Ejecutivo y documentación extraída del CCD Jefatura de Policía.
De las 232 víctimas de esta causa, ochenta continúan desaparecidas, y sólo dieciocho fueron identificadas. Diecisiete de las identificaciones se produjeron en la fosa de inhumación clandestina Pozo de Vargas, y una en el cementerio de Choromoro, una localidad ubicada al norte de la provincia.
