Una diputada realizó una denuncia penal contra la fiscal luego de que trascendieran detalles de su intervención en el caso de “Lucía”.
El caso de Lucía dejó a la provincia en la mira. Durante 27 días se le negó el acceso al aborto no punible a la niña de 11 años, que cursaba un embarazo forzado. A través de diferentes mecanismos, tanto desde el Sistema de Salud como desde el Sistema Judicial, se obstaculizó y demoró la práctica médica lícita.
La diputada Nacional Teresita Villavicencio (Evolución Radical) presentó una denuncia contra la fiscala penal Adriana Giannoni, por intentar frenar el aborto legal que reclamaba en el Hospital del Este Eva Perón, Lucía, la niña de 11 años, violada por la pareja de su abuela.
En un primer momento fue la ministra de Salud Rossana Chahla, quien en una entrevista de la Gaceta, aseguró que la fiscal “dio la orden de no interrumpir el embarazo”, tratando de desligar responsabilidades por el retraso en realizar la práctica.
Villavicencio solicitó que se investigue el accionar de Giannoni, por la “posible comisión del delito de coacción y abuso de autoridad en concurso ideal entre sí”.
La presentación indica que: “la orden emitida (por Giannoni) es un acto de violencia institucional” y agrega que “resulta patente, público y flagrante en caso de ratificarse los dichos de la ministra de Salud, Dra. Rossana Chahla, que se han utilizado las potestades que la Constitución y la Ley Provincial le reconocen a la denunciada como Fiscal Instructora, para violar la ley y el Bloque de Constitucionalidad en pleno, afectando de manera efectiva y actual los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal, por lo que solicito de curso a la respectiva denuncia, iniciando el proceso de la investigación penal preparatoria”.
Esta no es la primera vez que esta fiscal interviene en causas relacionadas a la interrupción legal del embarazo. El año pasado, intentó abrir una causa contra la médica Fabiana Reyna, quien garantizo el acceso al aborto no punible a una niña de 11 años. En la puerta de su oficina, durante el debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, colgaba un cartel que decía “no cuenten conmigo”.
Actuaciones previas
Desde la Fundación Mujeres x Mujeres, en conjunto con Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional Tucumán, denunciaron el 20 de febrero en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia el accionar de la fiscal.
En el expediente N° 1948/19 “Alertamos las actuaciones de la Fiscal Adriana Giannoni en el caso conocido públicamente de la Niña de 11 años embarazada producto de una violación en Burruyacú – Solicitamos archivo de las actuaciones por ser manifiesta su falta de encuadre en delito penal alguno (art. 341 CPPT) – Pedimos se investigue violencia institucional (art. 4, 6 inc. b y 21 de la ley 26.485)”
“Lo hicimos muy alarmadas por la injerencia indebida del poder jurisdiccional en un asunto de salud, y además, por la construcción simbólica que suponía asociar desde el discurso de derecho crimen e ILE”, expresaron desde la Fundación.
“Es indudable que una investigación penal de estas características solo busca infundir miedo a la comunidad médica y dificultar el acceso a este derecho, instigando a médicos y médicas para el incumplimiento de sus deberes. Infundir miedo a la comunidad médica es un acto desleal. Desinformar a la sociedad desde un lugar de poder político es un acto deleznable”, sostuvieron.
Qué dice el oficio
El oficio firmado por la fiscal Giannoni advierte a los médicos que debían realizar la intervención a “Lucía”, la nena de 11 años internada por un embarazo producto de una violación, ante la “comisión de un posible delito”.
Mediante el oficio 10/2019, la fiscala informó a las autoridades sanitarias y a los agentes que dependen de ellas que “en atención a los intereses de los menores involucrados” estaban obligadas por leyes provinciales a proteger la salud y los bienes desde la concepción.
La demora de la intervención impidió que se llevara a cabo la intervención para garantizar el derecho de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -establecida en el Código Penal argentino- a la niña que finalmente fue sometida a una cesárea en las últimas horas del 26 de febrero.
El Oficio 10/2019 lleva el membrete del “Ministerio Público Fiscal. Fiscalía Penal de Instrucción Especializada en Homicidios N°2” en el encabezado y está dirigido a Avila, la directora del Eva Perón. Sobre el final, el documento incluye la advertencia: “Bajo apercibimiento de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a tenor de lo previsto en las normas citadas”
El 26 de febrero, y luego de 26 días dentro del sistema de salud, se realizó la intervención, a cargo de los médicos Cecilia Ousset y José Gijena.
Aún queda determinar, en orden a la potestad disciplinaria, las responsabilidades de todos los que intervinieron en la atención sanitaria de la niña.
