El jueves 2 de septiembre un incendio en la Brigada Femenina de Concepción se cobró la vida de Micaela Mendoza, Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Saquilán y María José Saravia. Ninguna superaba los 30 años de edad, ni correspondía que estén alojadas en ese destacamento. Las encontraron a todas juntas, abrazadas en la ducha donde buscaron protegerse del fuego. El dolor de cuatro familias que reclaman justicia.
“Mi hija quería terminar sus estudios y cumplir la condena por el daño que hizo”. Virginia Santana es la madre de Micaela Rocío Mendoza. Tenía 22 años y hacía 8 meses cumplía una condena por robo simple en la Brigada Femenina de Concepción. Debía estar 5 años privada de su libertad y esperaba ser trasladada a la única cárcel de mujeres de la provincia en la Banda del Río Salí. Pero las condiciones de superpoblación en las cárceles tucumanas no lo permitieron.
El jueves 2 de septiembre, a las 17, comenzó un incendio que se cobró la vida de Micaela, Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Saquilán y María José Saravia. Ninguna superaba los 30 años de edad, ni correspondía que estén alojadas en ese destacamento. Las encontraron a todas juntas, abrazadas en la ducha donde buscaron protegerse del fuego.
Desde entonces las cuatro familias se unieron para exigir justicia y una investigación seria para determinar cómo se originó el fuego y por qué no fueron auxiliadas las jóvenes. Mañana realizarán una marcha frente a los Tribunales Penales de Concepción.
“Iba de lunes a lunes a ver a mi hija. Si no iba yo, iba mi papá”, cuenta la madre de la joven oriunda de la ciudad del Sur. La Brigada Femenina es como una casa. La pieza donde dormían las mujeres detenidas era muy pequeña, sin embargo la compartían entre cinco. Dormían con colchones en el piso. Debían acomodarse para poder pasar todo el día entre ese espacio y un pequeño patio. Había chicas alojadas que provenían de San Miguel de Tucumán, una joven de Alberdi, y dos de Concepción.
El día del incendio la familia de Micaela, que vive a pocas cuadras de la Brigada, recién se enteró a las 22. Mantenían la esperanza de encontrarla con vida, ya que los medios de comunicación anunciaban que una persona había sobrevivido. No era ella.
Desde un primer momento, se intentó instalar la versión policial de que el fuego había sido ocasionado por un intento de motín, sin embargo hasta el momento esa versión no fue respaldada por las pericias forenses.
Antes de ingresar a la Brigada, Micaela tenía problemas de consumo de sustancias. “Hace cuatro años que vengo peleando por el tema de la droga. Ella estaba mal. Estuvo tres meses en el Hospicio del Carmen, hasta que se escapó”, relata su mamá que buscó ayuda en todas partes pero solo encontró puertas cerradas. Lo cierto es que no existe en toda la provincia un centro de rehabilitación exclusivamente para mujeres con problemas de adicciones.
“Le pedía ayuda a la policía, quería que esté encerrada y no en la calle por miedo a que le pase algo o le haga algo a alguien. Entraba y salía a los cinco días porque era por contravenciones”, relata.
Hasta la última causa donde enfrentó un juicio abreviado y fue condenada por robo simple a cinco años de prisión. “Mi hija ya estaba pagando. Estaba contenta mi familia y ella, porque estaba fuera de droga. Entró con 36 kilos y ahora estaba pesando 69”.
“Vendía mi ropa, sacaba fiado y con mi sueldo le compraba cosas para llevarle a ella, para que no le falte nada y le convide a las otras chicas. La señora que vi hoy en Tribunales me dijo que su hermana le contó que mi hija compartía con todas”, relata la madre de la joven. Esa señora es Marta, la hermana de Yanet, quien vive en Alberdi, a 30 kilómetros de Concepción. Hoy, junto a las otras dos familias, se acompañan en el dolor pero también en el reclamo de justicia.
Virginia no cree la versión de la policía. No cree que hayan querido salvarlas. Cuando estaba llegando a la guardia, las policías estaban afuera. “A cuatro metros míos. Me ven a mí y se agachan las tres. No tenían la ropa sucia. Estaban como si recién se pusieran la ropa. No tenían marcas, no tenían nada. ¿Cómo pueden decir que no escuchaban los gritos?”.
“Luche cuatro años por mi hija y la veía bien, entusiasmada por ir a la cárcel donde quería terminar sus estudios y cumplir la condena por el daño que hizo. Ella lo reconocía porque ya estaba bien, y ella decía `mamá, yo voy a estudiar en la cárcel, voy a salir siendo alguien´. No voy a descansar hasta que mi hija descanse en paz”.
No es la primera vez que en Tucumán mueren jóvenes en una comisaría. En 2015 sucedió un hecho similar en la Brigada de Investigaciones Norte de Yerba Buena donde murieron asfixiados Ariano Viza y Emanuel Gallardo, dos jóvenes que se encontraban detenidos en un calabozo junto a otras 16 personas. Hasta ahora, la causa no llegó a juicio oral y familiares continúan con el pedido de Justicia.
Tampoco es la primera vez que una joven con problemas de adicciones no encuentra respuestas en el Estado. Aún resuena en la provincia el femicidio de Gisell Barrionuevo, de 17 años que fue brutalmente asesinada. Su crimen estuvo ligado a la venta de drogas y una red narco.
En épocas de campaña electoral, la ausencia de estas problemáticas en las agendas deja entrever la falta de decisión política para modificar realidades que están emparentadas: la grave situación carcelaria que vulnera los derechos humanos básicos de las personas, la falta de contención del Estado para el consumo problemático de sustancia y la falta de sensibilidad social para reclamar sobre mejoras en estos aspectos.
