Hace más de una semana que 500 presos sostienen una huelga de hambre, de manera pacífica, esperando una respuesta de la Corte.
Más de 500 presos recluidos en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán, comenzaron una huelga de hambre para protestar por la imposición de exámenes de orina para detectar consumo de sustancias prohibidas como requisito para acceder al régimen de salidas transitorias.
La ley 24660 establece que a los presos que hayan cumplido el 50 por ciento de la condena les corresponde este beneficio, pero el Juzgado de Ejecución Penal de la capital tucumana implementó el nuevo requisito, que obliga a los presos a realizarse un análisis de orina.
La semana pasada, cerca de 200 internos presentaron un escrito para comunicar el inicio de la huelga; luego se sumaron otros internos, hasta llegar a los 523 actuales, informó el director del penal, Guillermo Snaider.
Hoy también se sumaron a la medida de fuerza, los presos del penal de Concepción.
“Pero ¿nadie se pregunta cómo puede ser que a un preso le dé positivo el análisis de droga? ¿Nadie va a investigar cómo es que entra la droga al penal? Porque nosotras no somos, a nosotras nos humillan cada vez que vamos a visitarlos, nos revisan hasta la vagina. Son ellos mismos: los guardiacárceles”, remarcaron familiares que se hicieron eco de la huelga. Además, las familias, principalmente madres y esposas, de los internos reclaman que las requisas para ingresar a ver a sus seres queridos son inhumanas.
Hace poco más de una semana, desde la Procuración Penitenciaria de la Nación denunciaron que las cárceles tucumanas son las peores del país. Durante una visita ocular pudieron constatar serias violaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas. Se advirtió la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación, así como también pésimas condiciones materiales de alojamiento. Las instalaciones se encontraban totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo régimenes de aislamiento y sectorización.
