Por primera vez en la historia, un tribunal internacional reconoció que el cuidado es un derecho humano autónomo, inseparable del acceso a la salud sexual y reproductiva. La Opinión Consultiva 31, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), establece que todas las personas tienen derecho a cuidar, a recibir cuidado y a ejercer el autocuidado, con el tiempo, los recursos y los espacios necesarios para desarrollar un proyecto de vida con autonomía.
En Argentina, donde las mujeres realizan cerca del 90% del trabajo de cuidado no remunerado, esta decisión resuena con fuerza. Según un estudio de la UCA (Universidad Católica Argentina), publicado en junio de 2024, el tipo de responsabilidad asumida, en el 89,4% de los casos las principales cuidadoras del hogar (los miembros del hogar que más tiempo dedican a estas tareas) son mujeres. Esa responsabilidad es asumida por varones solo en uno de cada 10 casos. Las tareas de cuidado incluyen alimentación, higiene, acompañamiento, medicación, cuidados sanitarios, recreación y trámites, entre otras.
El reconocimiento internacional abre una puerta para poner en valor políticas como el decreto de Reconocimiento de Aportes Jubilatorios por Tareas de Cuidado, que desde 2021 permitió que más de 190.000 madres accedieran a la jubilación, y para avanzar en medidas que equiparen licencias de maternidad y paternidad, fortalezcan la infraestructura de cuidados y reduzcan las desigualdades estructurales.
La Corte subrayó que el cuidado no puede seguir siendo un “rol asignado” a las mujeres bajo estereotipos de género. También exigió a los Estados políticas públicas, reformas legales, educativas y laborales que promuevan su distribución equitativa, reconozcan su valor económico y garanticen licencias de paternidad pagas y obligatorias, redes comunitarias y flexibilidad laboral para quienes cuidan.
Autocuidado implica acceso a la salud sexual y reproductiva
Además, vinculó el derecho al autocuidado con el acceso a la salud sexual y reproductiva. La Corte acogió los argumentos del Centro de Derechos Reproductivos, Ipas Latinoamérica y el Caribe y una amplia coalición de organizaciones feministas y de derechos humanos, y reconoció que el autocuidado está intrínsecamente vinculado con la salud sexual y reproductiva. Este reconocimiento implica que los Estados deben garantizar el acceso a información y servicios que permitan a las personas tomar decisiones libres e informadas sobre aspectos fundamentales de su vida, como el embarazo, el parto y la maternidad.
Las mujeres realizan el 76,2% de todo el trabajo de cuidado no remunerado en el mundo; es decir, que dedican 3,2 veces más tiempo que los hombres a estas labores que sostienen la vida. Esa feminización del cuidado profundiza las desigualdades de género, afecta la autonomía reproductiva y limita la igualdad de oportunidades, lo que perpetúa la discriminación estructural contra las mujeres. En esta línea, la Corte reconoció que esta situación se agrava cuando se entrecruzan otros factores de discriminación como la edad, la etnia, la posición socioeconómica, el estatus migratorio, la discapacidad y fenómenos como el embarazo adolescente.
“Hoy, con la decisión de la Corte IDH, se salda una deuda histórica en una sociedad que nunca entendió el cuidado como un derecho, sino como un rol asignado a las mujeres, a partir de estereotipos discriminatorios. Al reconocerlo como un derecho humano autónomo, el cuidado —y el autocuidado— pueden ejercerse en condiciones de verdadera igualdad, de forma libre y digna. Adoptar medidas para erradicar los estereotipos de género sobre la labor de cuidado y promover el acceso a servicios integrales de salud, enfocados en el bienestar de las personas, como la salud sexual y reproductiva, será crucial para que el goce de este derecho sea una realidad”, aseguró Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
En un país como Argentina, que enfrenta retrocesos en materia de políticas de género y un sistema de salud pública tensionado por el ajuste presupuestario, este pronunciamiento internacional marca un respaldo jurídico y político clave para las demandas feministas y de organizaciones sociales.
El fallo de la Corte IDH sienta un precedente para toda la región: el cuidado ya no es solo una responsabilidad individual o familiar, sino una cuestión de justicia social que compromete a toda la sociedad —Estado, empresas, comunidades y familias— a garantizarlo en condiciones de igualdad y dignidad.
