Mientras en Argentina crecen los proyectos legislativos y los discursos mediáticos que buscan instalar la idea de que existe una “epidemia” de denuncias falsas en casos de violencia de género, el Comité de Expertas del MESECVI —mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará— emitió un comunicado urgente: no existen datos que respalden esa narrativa y su difusión constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos de mujeres, niñas y diversidades.

La advertencia se suma a las conclusiones del informe reciente elaborado por Periódicas, Enfant Terrible, La Nota Tucumán y Feminacida –medios que integran la Red de Medios Digitales-, donde realizan un mapeo de organizaciones y actores que difunden estas narrativas. Además, el análisis mostró cómo los medios reproducen estereotipos, deslegitiman a las denunciantes y dan lugar a operadores judiciales, abogados y comunicadores que sostienen la existencia de una supuesta “industria de las denuncias” sin evidencia alguna.

Un discurso sin sustento y con efectos concretos

El Comité de Expertas advierte que en distintos países de la región están surgiendo iniciativas legislativas para incrementar sanciones penales contra mujeres que denuncian violencia de género o abuso sexual infantil. Aunque el delito de denuncia falsa ya está contemplado en todos los códigos penales, estas iniciativas se promueven como respuesta a una “alta prevalencia” que nunca fue demostrada.

Por el contrario, organismos internacionales señalan que el porcentaje de denuncias falsas en violencia de género es ínfimo, y que la mayor preocupación debería ser la subdenuncia y la dificultad de las víctimas para acceder a la justicia. El comunicado del MESECVI es contundente: este tipo de medidas desincentiva la búsqueda de ayuda, desprotege a mujeres y niñeces y favorece la impunidad.

El rol de los medios y la reproducción de estereotipos

El Comité señala que estas iniciativas suelen ir acompañadas por discursos públicos sustentados en estereotipos de género difundidos por medios de comunicación, redes sociales e incluso espacios académicos. Esta descripción coincide de forma directa con lo que el informe de la Red de Medios Digitales observó en Argentina: una circulación persistente de narrativas que debilitan la credibilidad de las víctimas, justifican la violencia y reinstalan el falso “síndrome de alienación parental” pese a que ya fue desestimado por organismos nacionales e internacionales.

El informe mostró cómo la filtración de expedientes, la exposición mediática de niñas y adolescentes, la divulgación de chats privados y la revictimización sistemática de mujeres denunciantes se han transformado en prácticas habituales. El MESECVI advierte que estas prácticas pueden constituir violencia institucional y generar responsabilidad internacional para los Estados.

El Comité recuerda que la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a erradicar estereotipos, garantizar igualdad ante la ley y adoptar medidas legislativas que protejan a las mujeres. En ese marco, la difusión del discurso de las denuncias falsas representa un retroceso directo, porque: pone en duda la palabra de las víctimas, limita su acceso a la justicia, las expone a nuevas formas de violencia, incluida la persecución penal, y refuerza jerarquías de género que ya fueron identificadas como obstáculos estructurales.

Un llamado urgente a los Estados, los medios y la justicia

En el comunicado, el Comité insta a los Estados a frenar iniciativas que contradigan los estándares internacionales y a reforzar los mecanismos de acompañamiento y protección. Además, hace un llamado directo a medios, instituciones académicas y operadores judiciales para que actúen con responsabilidad y perspectiva de género.

Un debate urgente en Argentina

En un contexto nacional marcado por el ajuste de políticas de género, la desfinanciación de programas de acompañamiento y un clima social que reactiva discursos antifeministas, el comunicado del Comité llega como una señal de alerta. La discusión sobre “denuncias falsas” se ha vuelto una herramienta para deslegitimar reclamos, disciplinar a quienes denuncian y justificar retrocesos institucionales.

Los datos, sin embargo, son claros: lo que falta no son condenas por denuncias falsas, sino respuestas efectivas para las víctimas de violencia.