El pasado 13 de diciembre se presentó en Tucumán la Alianza Estratégica Contra la Violencia Sexual entre CLADEM, Equality Now y Andhes para abordar en particular la violencia sexual hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres en Tucumán.
“Nuestro objetivo es generar un espacio de articulación interinstitucional e intersectorial para el abordaje de las violencias, sobre todo a nivel municipal y provincial. Este viene siendo un campo de acción que venimos desarrollando desde Andhes, desde el 2015 hasta esta parte, en clave de fortalecimiento del sistema de protección integral”, explicó en diálogo con este diario Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes.
En el evento participaron funcionarias públicas del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. “Queremos trabajar articuladamente en la provincia de Tucumán en la lucha contra la violencia sexual. Principalmente en el proceso legal que atraviesan las víctimas y del acceso a la justicia que involucra principalmente a instituciones del Poder Judicial, pero en el caso de niñas y adolescentes, a instituciones que están bajo el sistema de protección en la DINAF, en el Ejecutivo”, señaló Sofía Quiroga, de Equality Now. La propuesta es construir una mesa interinstitucional, realizar un diagnóstico de la situación, identificar las herramientas que ya existen, como protocolos y guías, que las instituciones adhieran a las mismas y realizar un monitoreo.
“Identificamos que existen ciertos obstáculos para el acceso a los derechos y a la justicia de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Con esta premisa, hemos tenido la reunión con funcionarios y funcionarios de diferentes áreas del Estado, el Poder Ejecutivo, de las áreas de género y de niñez de los municipios, de Fiscalías y del Poder Judicial”, agregó la abogada Luciana Gramaglio, de Cladem.
El primer trabajo conjunto que llevó a estas tres organizaciones a articular fue el caso de Lucía en 2018, en el que se vulneraron los derechos de una niña de 11 años que cursaba un embarazo forzado producto de una violación intrafamiliar y el propio Estado obstaculizó el acceso a una interrupción legal del embarazo. Equality Now acompañó a Andhes y a Cladem a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, uno de los objetivos es identificar obstáculos para el acceso a la justicia de las niñas víctimas de violencia sexual, sobre todo en línea de poder agilizar esos circuitos para el acceso a la justicia. “Esto viene siendo un campo de observación para nosotras, sobre todo desde el caso Lucía, monitoreamos el comportamiento del Poder Judicial al momento de abordar estos casos, de escuchar estos testimonios, de trabajar con las niñas”, agregó Vallino.
“El objetivo también es incidir en el diseño y la implementación de las políticas públicas en relación a la violencia sexual hacia las niñas con perspectiva de género, perspectiva de niñez y de derechos humanos, pensando la prevención, la promoción y la reparación a las víctimas, pero también teniendo presente sobre todo un principio que para nosotras es fundamental: fortalecer la participación de las chicas y los chicos en espacios formales que permitan que sus opiniones sobre el diseño, monitoreo de la política pública relacionada con cualquier tema en general, pero en particular en materia de la violencia sexual que les afecta, sean especialmente tenidas en cuenta”, señaló Vallino.
La violencia sexual es una problemática compleja. Desde CLADEM identificaron que muchas veces es una violencia previa a otras violencias e investigan cómo se interrelaciona la violencia sexual con la muerte de niñas y adolescentes y qué otro tipo de violencias surgen a raíz de las violencias sexuales.
“Tenemos identificado en diferentes países de la región como niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual acaban con su vida, lo que para nosotras, y para las organizaciones en general, consideramos suicidio femicida. Esa violencia previa que llega a hacerlas tomar la decisión de acabar con su vida, es parte de una violencia feminicida. También tenemos los embarazos infantiles forzados o las maternidades infantiles forzadas que generalmente se dan en niñas menores de 14 años que sin haber querido quedan embarazadas producto de violencia sexual y en vez de que se les garantice el acceso a la interrupción del embarazo, termina siendo obstaculizado y a continuación las niñas terminan pariendo. Esto es también una violencia sexual previa a otras que se van suscitando en el proceso de un embarazo forzado”, manifestó Gramaglio.
Por otro lado, mencionó el especial foco que ponen a las desapariciones intermitentes de adolescentes. En Tucumán investigan casos donde desaparecieron adolescentes por un determinado tiempo, familiares inician la búsqueda, realizan la denuncia, y a los días ellas vuelven a aparecer y las causas generalmente finalizan sin saber exactamente qué sucedió. “En la investigación que tenemos desde CLADEM, lo que se pudo identificar es que tiene que ver con un marco de criminalidad organizada y generalmente son los cuerpos de niñas y adolescentes los que pagan el precio de estos crímenes. En este tiempo en el que están desaparecidas generalmente son violadas. Además mencionamos la violencia sexual digital porque creemos que efectivamente hay nuevos escenarios donde estas violencias se terminan perpetuando. Es necesario ponerlo en la agenda, debatir y seguir construyendo por un mundo libre de violencia sexual para todas las niñas”.
Por último, Quiroga mencionó el caso Brisa de Angulo vs Bolivia, que Equality Now acompañó como litigio estratégico. “Es un caso de violencia sexual contra una adolescente que ha sido revictimizada y maltratada por las diferentes instituciones del Estado. Ese caso se acompañó y después de 10 años salió el fallo que condena al Estado de Bolivia por la revictimización de Brisa y propone medidas para prevenir los delitos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Es obligatorio para Bolivia cumplir con esas medidas y a la vez es vinculante para todos los Estados que adhieren a la Convención Interamericana. Nuestra idea es difundir los estándares que ha dejado la sentencia, por ejemplo la definición del consentimiento, que todos los delitos se basen en la falta de consentimiento y no en el uso de la fuerza, habla de intersectorialidad, perspectiva de niñez, entre otras cosas”.
