La iniciativa fue aprobada en forma unánime por los 59 senadores presentes en el recinto. La norma establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos.
El Senado aprobó esta tarde de forma unánime, sobre tablas y sin debate, la Ley Micaela, que ordena capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
La iniciativa apunta a la capacitación obligatoria de funcionarios públicos para combatir la violencia de género para todos los que integran los tres poderes del Estado.
Se trata del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, bautizado “Ley Micaela García”, en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017.
La decisión, plasmada en el decreto 1135/2018, ocurrió una semana después de que diputados de distintos bloques reclamaran al Ejecutivo, a través de una carta pública, la necesidad de que el proyecto se incluya en el temario de sesiones extraordinarias.
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos. Se aplicará una vez promulgada y publicada en el Boletín Oficial.
A través de la iniciativa se establece además que quienes se nieguen a realizar las capacitaciones serán intimados en forma fehaciente por la autoridad de aplicación.
Según el proyecto, el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria pertinente, a la vez que se habilita a hacer pública la negativa de participación a través de la página web del Instituto nacional de las Mujeres.
“Se trata de una reeducación más que una capacitación y, sin dudas, es más difícil educar a quien no ha recibido estos conceptos en su educación inicial, por eso es tan importante el debate sobre la educación sexual integral”, señaló la senadora Beatriz Mirkin.
Desde la oposición apuntaron contra el gobierno por utilizar el momento medático para sancionar una ley presentada en abril del 2017.
La senadora del FpV Nancy González celebró el acuerdo alcanzado por todos los bloques, pero calificó de “demagógica” la decisión del Gobierno de incorporar la norma —presentada en abril del año pasado— en la agenda de extraordinarias, luego de que la violencia de género volvería a instalarse en la agenda mediática por la denuncia de la actriz Thlema Fardin contra Juan Darthes.
“Al Estado nacional, esta ley le viene a subsanar una deuda que tiene con el género. Si el Estado realmente se interesa por todas nosotras no podría recortarle el Presupuesto al Instituto Nacional de la Mujer”, apuntó González y recordó que los recortes en el Presupuesto 2019 para políticas públicas de género fue del 18 por ciento en relación con el año pasado. La senadora también señaló que “el Estado invierte 11,36 pesos por cada mujer para combatir la violencia de género”.
Por su parte, la senadora por Santa Fe , Marilin Sacnun, denunció que “no puedo dejar de señalar que fue degradado el Consejo Federal de la Mujer, que se convirtió en un instituto y al que se le bajó el presupuesto”.
Qué implica la ley
- Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
- La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
- El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
- Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
- Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
