Las organizaciones de CLADEM, ANDHES y organizaciones de derechos de la niñez en Argentina presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso Lucía como testigo de los obstáculos que sufren las niñas víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo.
La Audiencia Temática en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH comenzó cerca de las 10am donde Fernanda Marchese, Directora Ejecutiva Andhes y Celia Debono, Coordinadora Nacional Cladem, expusieron con detalle las diferentes vulneraciones que sufrió la niña de 11 años.
“Lucia, tiene 11 años y vivía en un zona rural muy pobre de la provincia de Tucumán; quedó embarazada producto de reiteradas violaciones sexuales por la pareja de su abuela de 65 años” relató Celia Debono, coordinadora de Cladem al tomar la palabra.
Debono contó que “desde que Lucía ingresó al Hospital, en innumerables oportunidades y de la manera en que ella podía, solicitó que se interrumpiera su embarazo. Según su madre la niña expresó ‘quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro'”.
“Transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo, el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 27 de febrero, debiendo contratar médicos del sistema privado, ya que todo el personal del hospital se declaró objetor de conciencia” denunció la coordinadora de Cladem.
Además la denunciante profundizó: “El propósito que tuvo el estado fue utilizar el cuerpo de Lucía, para hacerla llevar un embarazo contra su voluntad y obligarla a ser madre, por razón de género. La imposición de la maternidad anula la autodeterminación de las niñas y las instrumentaliza”.
Por su parte Fernanda Marchese agregó que “en ese entramado se inscriben obstáculos violatorios de derechos humanos que enfrentan las niñas acceder a las Interrupciones Legales del embarazo. El caso Lucía, no es un caso aislado sino que constituye un caso testigo para entender lo que le sucede a niñas argentinas víctimas de violencia sexual”.
“Las niñas en Argentina no cuentan con una educación de calidad, respetuosa de sus derechos y con perspectiva de género” y señala que “No todas las provincias adhieren al protocolo nacional. Los protocolos locales que ordenan la intervención frente a casos de Abuso Sexual Infantil omiten indicar que la Interrupción Legal del Embarazo es un derecho” afirmó.
Por último, Marchese solicitó a la CIDH “una visita a las provincias del norte del pais, que exhorte el Estado para que reconozca que el embarazo forzado es tortura”.
Luego de la exposición, la CIDH tomó la palabra a través del relator Luis Ernesto Vargas Silva, quien comienza diciendo: “El caso Lucía es dramático y enfoca su exposición sobre la injerencia eclesiástica en los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres”.
“A los legisladores les da miedo legislar este tema por presiones desde los púlpitos. La Iglesia se resiste. Esta semana un obispo dijo que era preferible admitir a quien viole a una mujer y no a quien aborte. Se sigue viendo a las mujeres como aparatos de reproducción” puntualizó Vargas Silva y opinó que “el misoprostol debe estar en la canasta familiar”.
En este sentido otra representante de la CIDH, May Macaulay, dijo que “las niñas son niñas, y deben poder ser niñas, no ser forzadas a hacer cosas de adultos, como gestar. Y nadie tiene derecho a decidir al contrario.”
En cuanto a la comisionada, Flavia Piovesan tomó la palabra exclusivamente para remarcar la responsabilidad del Estado en el caso Lucía. “La responsabilidad del Estado no se quita por causa de la separación de poderes ni por la estructura federal”.
La respuesta del Estado
A su turno , los representantes del Estado reconocieron que “se pusieron vulnerabilidades a los derechos de Lucía”. En el panel del Estado se encontraba la funcionaria Nicole Neiman del Instituto Nacional de las Mujeres, quien afirmó que están “trabajando para que los derechos de las niñas y adolescentes sean respetados independientemente de donde viven” e informó que el Instituto ofreció presentar un amicus curiae para acompañar a los médicos intervinieron en el caso y que fueron imputados por homicidio.
Además admitieron que el gobierno de la provincia de Tucumán “vulneró los derechos de Lucía cuando ingresó a las instituciones solicitando se garantice su derecho a la ILE”.
Las organizaciones denunciantes afirman que el caso de Lucía se enmarca en un “embarazos infantil forzado” y que se trata de una tortura. “Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos” afirmó en varias oportunidades Cladem.
La denuncia de estas organizaciones ante la CIDH intenta visibilizar la problemática y ejecutar consideraciones para el cambio de las políticas publicas en los países que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA), como la Argentina.
Esta corte es encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano y está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 e instalada en 1979. Es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
