Esta mañana, el movimiento de mujeres rodearon los Tribunales Penales de Tucumán. En un mismo espacio, en dos causas diferentes, se volvió a poner en evidencia el descrédito y la falta de legitimidad del Poder Judicial de la provincia.

De un lado, mujeres acompañaban a Carolina Monteros, quien este jueves esperaba, 9 años después de denunciar, la sentencia en el juicio por abuso sexual, donde se condenó a Franco Trapani y Álvaro Rodríguez. Del otro, trabajadoras de La Bancaria se movilizaron en apoyo a la denunciante de los ex jugadores de Vélez, quien junto a su abogada y una testigo de la causa sufren represalias impulsadas por la misma justicia.

Ambas movilizaciones se encontraron en la calle, se reconocieron, y se unificaron bajo un mismo grito:  “No nos callamos más.”

Dos causas, una misma justicia

En la causa contra los jugadores de fútbol, el proceso judicial que comenzó en febrero de 2024 se transformó en una pesadilla para la denunciante. No solo debió enfrentar a sus agresores, sino también a un aparato judicial que permitió que se instalara públicamente la idea de una falsa denuncia y avanzó con allanamientos y persecución penal con una rapidez inusitada. 

Su abogada Patricia Neme, dijo: “No es una denuncia falsa, es una maniobra absurda, sin pruebas, destinada únicamente a suspender la elevación a juicio. Lo único que buscan es ganar tiempo.”

“El Poder Judicial está totalmente corrompido. Quieren silenciarla, hacer que las mujeres tengan miedo de denunciar. Acá, la mujer que denuncia termina hostigada, imputada y castigada. Esto es inaceptable”, dijo Neme al micrófono.

“Nos tocan a una, respondemos todas”. Desde La Bancaria, las manifestantes denunciaron violencia institucional y responsabilizaron directamente al Ministro Público Fiscal, Edmundo “Pirincho” Jiménez, a la fiscal Mariana Rivadeneira y a Adriana Reinoso Cuello.

Los mismos nombres aparecen en causas como la de Paola Tacacho, donde el Estado —a través de sus omisiones y negligencias— fue responsable del femicidio de una joven que denunció 22 veces a su acosador.

El caso de Carolina Monteros expone otra cara de la misma moneda: la dilación sistemática de la justicia. Pasaron nueve años desde su denuncia hasta la llegada al juicio oral. Nueve años de espera, de revictimización, de burocracia, de excusas. Nueve años que hablan de un poder judicial que no está hecho para proteger a las víctimas, sino para proteger al poder.

Desde que empezó el juicio, Carolina fue acompañada por organizaciones feministas y colectivas de mujeres que se organizaron para que su causa no quedara impune. La llegada al debate oral no fue una concesión del sistema, sino el resultado de su lucha persistente. La sentencia, resultó un triunfo para Carolina: Trapani recibió una pena de 10 años y Rodríguez fue condenado a 8 años, ambos con prisión en suspenso hasta que la sentencia quede firme.

Las narrativas de las falsas denuncias: una tecnología de la impunidad

“La violación en manada no se tapa con falsas denuncias” era el cartel que encabezaba la marcha de las mujeres bancarias. En Tucumán —como en otras provincias—, el discurso de las falsas denuncias se convirtió en una tecnología de la impunidad.

A través de campañas mediáticas, eventos en espacios institucionales, contradenuncias judiciales y la exposición pública de víctimas y abogadas, el poder patriarcal intenta desacreditar las denuncias por violencia de género y abuso sexual, reinstalando el mito de que las mujeres mienten.

Estas narrativas no solo lesionan la credibilidad de las víctimas, sino que crean un clima de hostigamiento hacia quienes acompañan, testifican, defienden y denuncian. El mensaje es claro: que nadie más se anime a hablar.

Justicia con perspectiva de género, ¿para cuándo?

El Estado argentino asumió compromisos internacionales concretos para garantizar una justicia libre de violencia y con perspectiva de género: la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y las 100 Reglas de Brasilia, entre otros marcos normativos, obligan a los poderes judiciales a actuar con debida diligencia en casos de violencia de género.

Sin embargo, en Tucumán —como en buena parte del país— esas normas se incumplen sistemáticamente. La falta de capacitación, la connivencia entre fiscales y jueces con los agresores, y la ausencia de mecanismos de control y sanción para el mal desempeño, profundizan la crisis de legitimidad del Poder Judicial.

Cuando las víctimas son revictimizadas, cuando las abogadas son perseguidas, cuando los abusadores y femicidas tienen más garantías que las mujeres que los denuncian, el problema ya no es individual: es estructural.

Frente a los Tribunales, las manifestantes repitieron una consigna que sintetiza años de lucha y cansancio: “No nos callamos más.”

Porque cuando la justicia no protege, el feminismo se organiza. Y cuando el Poder Judicial pierde legitimidad, la calle vuelve a ser el único lugar donde se escucha la verdad.