Impulsado por los diputados de la oposición y con consenso del oficialismo, fue aprobada la Ley de Emergencia Alimentaria con 222 votos afirmativos. La ley establece un aumento del 50% en el presupuesto para políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
El quórum para iniciar la discusión se consiguió pasadas las 12 con la presencia de los representantes de todos los sectores políticos. El consenso político se logró gracias al acuerdo entre Mario Negri (Cambiemos), Agustín Rossi (Frente de Todos) y el presidente de la cámara Emilio Monzó.
Por la tensión que había afuera y el campamento que se estaba desarrollando en el Ministerio de Desarrollo Social, los diputados hicieron una sesión exprés y sin chicanas ni agresiones.
No usaron las mociones de priviliegio también por consenso. El único que la usó fue el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, quien solicitó un apartamiento del reglamento para que se pueda tratar también un aumento salarial de emergencia y de las jubilaciones y las Asignaciones Universales por Hijo también. No avalaron esta iniciativa ni la oposición, ni el oficialismo.
La emergencia alimentaria tendrá un costo fiscal de entre 8.000 a 10.000 millones de pesos. La iniciativa dispone que el jefe de Gabinete podrá actualizar trimestralmente las partidas, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
En tanto habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
La única abstención fue de Mónica Schloutthauer (Izquierda Socialista).
