La orden la dictó el juez Lijo, mientras que el defensor del ex vicepresidente se mostró sorprendido: “Lleva cinco años de trámite y siempre estuvimos a derecho”.
El ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amado Boudou, fue detenido por orden del juez Ariel Lijo, quien lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La orden la cumplieron agentes de Prefectura, que fueron hasta el edificio de Puerto Madero donde vive el ex funcionario y lo arrestaron.
“Me sorprende la orden de detención en una causa de tantos años de proceso. Lleva cinco años de trámite y siempre estuvimos a derecho”, declaró el abogado del ex vicepresidente, Eduardo Durañona a C5N.
De acuerdo con lo que consideró el defensor, “se están llevando a cabo maniobras” y “apurando todos los tiempos procesales”.
“En virtud de estos lineamientos señalados por el Superior, cabe destacar que Amado Boudou ejerció el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y posteriormente el de Vicepresidente de la Nación, lo que lo ubicó en las más altas esferas de influencia del poder estatal durante un extenso período. Esta influencia puede ser extendida a José María Núñez Carmona, a quien el Fiscal señaló como quien revestía el carácter de persona interpuesta de Boudou”, explicó Lijo en la detención.
Lijo también citó a indagatoria a Agustina Kampfer, ex novia del ex vicepresidente para el 8 de noviembre y a otros imputados.
En cuanto al ex amigo y socio de Boudou, José María Núñez Carmona, también detenido hoy, el juez resaltó que “posee cuentas en el exterior a su nombre, que registran inyección de fondos de por lo menos una sociedad panameña a través de una cuenta en la República Oriental del Uruguay por intermedio de un corresponsal alemán y de los cuales se ha tomado conocimiento recientemente. Ello evidencia la imposibilidad real de controlar el flujo de activos por los cuales se los está investigando”.
Hace más de una década, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que una persona sometida a proceso tiene el derecho a permanecer en libertad siempre y cuando no entorpezca la investigación ni ponga en riesgo la investigación.
En el caso de Boudou, para el juez Lijo “toda medida coercitiva menos gravosa resulta exigua para el efectivo control de los activos de los imputados que se presumen fuera del circuito formal e, incluso, resultan débiles a los fines de evitar el desapoderamiento de los montos de dinero en efectivo que pudieran poseer dentro del circuito formal”.
En consecuencia, de acuerdo a este nuevo criterio que impera en la justicia penal federal porteña que depende exclusivamente de la libre interpretación de los jueces, “a efectos de neutralizar los riesgos procesales aludidos, la detención de los nombrados resulta imprescindible”.
