La denuncia al Estado por el caso Lucía será presentado como caso testigo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este 27 de septiembre en Washington. La misma alcanzará no sólo al Estado argentino sino también a la provincia de Tucumán.
En la Audiencia Temática en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las organizaciones de CLADEM, ANDHES y organizaciones de derechos de la niñez en Argentina presentarán como caso testigo el de Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación a la cual el Estado tucumano le obstaculizó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante un mes y obligó a parir.
La directora ejecutiva de Andhes, Fernanda Marchese, , coordinadora del Colectivo de Derechos de infancia y adolecencia, Nora Pulido y la coordinadora nacional de Cladem Argentina, Celia Debono, viajarán a Washington para defender la postura de las organizaciones.
También participarán de esta denuncia las redes de América Central (El Salvador y Guatemala) y Redes de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), donde con ligeras variantes se repite la desatención de la salud y la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes es una situación que se repite en todos los países de la región.
La denuncia que llevan las organizaciones argentinas se basa en que “el Estado vulnera el alcance del inciso 2 artículo 86 del Código Penal que establece las excepciones para la penalización del aborto y que incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación del aborto no punible. En particular apuntarán a las provincias, como Tucumán que, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado en el 2012 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación”
“La falta de una política federal efectiva e igualitaria de educación sexual integral en las escuelas y a los movimientos antiderechos que impulsan acciones que obstaculizan a las niñas, adolescentes y mujeres el acceso a la ILE. Estos sectores no son sólo movimientos organizados dentro del marco de la sociedad civil que se expresan de esa manera sino que personas que forman parte de esos grupos se encuentran presentes dentro de los tres poderes del Estado” afirman las organizaciones denunciantes.
En este sentido profundizan que estos “obstáculos se encuentran enmarcados en uno mayor que es la falta de escucha activa de las niñas. Tanto la ley nacional 26.061 de 2005 como la Convención sobre los derechos del niño que se encuentra vigente desde 1990 en la Argentina plantean que se debe respetar el derecho a ser oídas en todos los casos donde su vida y las decisiones que se van a tomar sobre su vida estén en juego y que las opiniones de las niñas sean tenidas en cuenta. En estos casos de pedido de ILE podemos identificar claramente una falta de escucha activa de las niñas cuando solicitan el acceso a esa práctica”.
Además solicitarán informes y estadísticas al Estado sobre las Embarazos Infantiles Forzados, ILE y Abuso Sexual Infantil.
La presentación de esta denuncia fue realizada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), las coaliciones nacionales integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES), y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (CLADEM Argentina).
Cabe aclarar que también existe una solicitud de audiencia referida directamente a la Argentina.
Anualmente en nuestro país, entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz. Embarazos a tan temprana edad presuponen abusos hacia esas niñas, por lo que se perpetúa una clara violación hacia sus derechos humanos y hacia su integridad.
Fuente: Andhes
